Lunes , 23 enero 2017

Virreycitos

Kratos
juanalfonsomejia@hotmail.com
Twitter: @juanmejia_mzt
Virreycitos

Cuando en el año 2000 Vicente Fox logró lo impensable, sacar al PRI de los PINOS, convocó a los gobernadores de todos los partidos al rancho San Cristobal. Más del alguno, se creyó el problemas. Acostumbrados a la preeminencia de la autoridad presidencial, los priístas estaban desconcertados, los panistas inconscientes y los perredistas perdidos. ¿Qué iba a pasar? El presidente de la alternancia tenía un mensaje para ellos: “yo soy presidente de la República, ustedes son Gobernadores; yo la federación y ustedes sus estados”.

Durante doce años, los gobernadores le tomaron la palabra a los dos presidentes de la República panistas. Sin importar la insignia partidaria, porque no es una cuestión de partidos sino de andamiaje institucional; cuando Felipe Calderón convocó al mismo ejercicio en su calidad de presidente electo, algún Gobernador alzó la voz: “nosotros queremos saber si el pacto que tuvimos con el presidente Fox seguirá vigente.” Calderón no estaba en posición de confrontarse con los ejecutivos estatales, menos aun con el proceso vivido posterior a la elección, ni con el hecho de saberse con 25 gobernadores de oposición.

Desde entonces, la transformación de las estructuras en México se vivió a dos velocidades: una a nivel federal y otra en lo local. Cada vez son más los especialistas que se empeñan en definir a las entidades federativas como “enclaves autoritarios”. Su punto de referencia es el auténtico equilibrio de fuerzas que tiene frente a si el Jefe del Ejecutivo.

Mientras el presidente de la República tiene frente a sí una mayor atomización del poder, a los Gobernadores nadie los enfrenta. Con sus honrosas excepciones que son eso, excepciones; pero, desde los partidos políticos en la localidad, pasando por el poder legislativo, los órganos autónomos, los poderes fácticos y un largo etcétera, usted diga. Todos los actores están, en mayor o menor medida, alineados. De ahí que la literatura especializada terminara por llamarlos: los virreyes.

Traigo esto a colación porque algo muy similar sucede con los alcaldes. La institución municipal esta diseñada de tal forma que, todo presidente municipal debe considerar dos premisas para gobernar: tener controlado a su cabildo y no pelearse con el Virrey (con el gobernador). No contar con alguna de estas dos condicionantes puede ser un dolor de cabeza.

La primera condición la aseguras en la conformación de la lista de regidores y Síndico Procurador. Su definición esta garantizada por su lealtad. Entiéndase por lealtad, complicidad. En política, quieres cómplices no testigos. La segunda condición te la da la experiencia. Más de algún alcalde con “ansias de novillero” alguna vez ha osado enfrentarse al Gobernador, pero pronto aprende la lección. Dado que los recursos federales se distribuyen a los municipios vía las arcas del estado y, dado que el primer mandatario considera que él se ocupa de lo federal y el Gobernador de lo local, el alcalde esta en sus manos.

¿Podemos suponer que la lógica del Virrey aplica para los Virreycitos? Estamos a punto de descubrirlo.

Lo interesante del emplazamiento que realiza la Auditoría Superior del Estado a los exalcaldes y funcionarios de primer nivel que se autoliquidaron en nueve municipios con el cambio de administración, esta en la noción misma de pertenencia, de ciudadanía y de autonomía.

Por un lado, el hecho de haber ganado una elección o, por ocupar un cargo público de alto nivel, ¿el municipio les pertenece por los próximos tres años? Es decir, ¿el destino de los ciudadanos se entrega como un cheque en blanco? Su estatus de gobernantes o funcionarios, ¿les da licencia para decidir cualquier cosa que se les antoje o se les ocurra?

Por otro lado, ¿regresar lo que se llevaron es la pena que deben pagar? Cuando la autoridad atrapa a una persona por tomar lo que no le pertenece lo etiqueta: le dice ladrón; además, lo encierra y no lo deja ir. Esa situación le puede pasar a cualquier ciudadano que se le compruebe tal acusación. ¿Por qué a nivel de la clase política habría de ser distinto? O sea, ¿en este estado hay ciudadanos de primera y de segunda categoría?

Quizás a no todos los señalados se les compruebe la acusación. No tendría porque serlo. No se trata de que todos sean o no culpables, sino del proceder de la autoridad.

Nadie duda de la capacidad, mucho menos del gran dominio que posee el nuevo Auditor sobre estos temas, pero sí de su autonomía. ¿Hasta dónde la pericia del técnico tendrá más peso que su nombramiento político? La decisión que ahora representa, ¿estará alejada de su funcionalidad al sistema? ¿Cómo podría lograrlo, si él mismo es la prueba de que el sistema se impuso?

Lejos de terminar, el asunto de las “autoliquidaciones” o bonos, es un pequeño acercamiento – con lupa, eso si – al reino de los “todo poderosos”.

Que así sea.

 

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