Lunes , 27 Marzo 2017

CERTEZA para este regreso a clases

Kratos

juanalfonsomejia@hotmail.com

Twitter: @juanmejia_mzt

En su alocución del miércoles por la noche en cadena nacional, el Presidente de la República puso punto final a la era de las reformas. En su intervención, llamó de manera puntual a concentrarnos en la implementación de las mismas. Al hablar de la reforma educativa, como la primera de las reformas mencionadas en su discurso, dijo: “poner las reformas es acción es dotar de una educación de calidad a nuestros niños.” En pocas palabras, la reforma educativa debe implementarse.

Mañana regresan a clases poco menos de 800 mil niños y jóvenes de preescolar hasta preparatoria en Sinaloa, cerca de 40 mil maestros para los mismos niveles y más de 20 mil personas adscritas como personal administrativo. Con la reforma educativa aprobada desde septiembre de 2013, armonizada con la Constitución del Estado en marzo del 2014, la pregunta puede parecer ociosa pero no por ello menos necesaria: ¿cuál es la convocatoria para este regreso a clases? ¿A qué regresan: a mantener inercias del pasado o a romperlas?

Uno de los pilares de la reforma educativa es la instalación de un Servicio Profesional Docente, vigente desde septiembre de 2013. Con este objetivo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) emitió una convocatoria para interesados en ingresar a plazas de docente del sector educativo en Educación Básica y Media Superior.

En Sinaloa participaron más de 10 mil jóvenes interesados, en calidad de pre-registrados. Luego de analizar sus perfiles, el INEE admitió sólo a 5340 para Educación Básica y 906 para Media Superior. A la hora de evaluar el desempeño de los jóvenes que presentaron el examen, Sinaloa quedó posicionado en el lugar 25 y 28 con los candidatos menos idóneos.

Por su parte, la Autoridad Educativa Estatal sometió a concurso 64 plazas, de 21,231 a nivel nacional. Con 0.3% de plazas concursadas, Sinaloa fue el estado 23 que menos plazas concursó. Quienes podrán acceder a estas posiciones son aquellos normalistas que hayan obtenido el mayor puntaje. Los nombramientos de educación básica fueron otorgados el viernes pasado de acuerdo a una lista de prelación.

En principio, el número de plazas disponible depende en mucho del número de jubilados que existieron el año pasado. De hecho, los líderes sindicales de la sección 27 y la sección 53, tanto como la propia SEPYC han informado que este año habrá más plazas vacantes para aquellos jóvenes que no alcanzaron un lugar. Los tres titulares coinciden al señalar que todo depende del número de jubilados que “pudieran presentarse” en el año en curso.

Entonces, a mayor número de jubilados, mayor oportunidad para la Autoridad Educativa del Estado de implementar la reforma en el renglón del Servicio Profesional Docente. Así debió haber sucedido en estados como Sonora, donde se concursaron 1,138 plazas; bastante más que 64. Lo que no queda claro es: ¿Por qué en Sinaloa, que es sumamente parecido a su vecino del norte, se concursaron sólo 64 plazas si se jubilaron, sólo en el trimestre de enero a marzo de 2014, 791 personas?

Habría que señalar que esas 791 personas “poseían” 1750 plazas. Nadie dice que sean jornadas de tiempo completo; pudieron haber sido medios tiempo o claves presupuestales con algunas horas aunque, cuando una persona se jubila lo hace normalmente con el máximo posible. ¿No lo haría así usted? Luego entonces, ¿por qué no se concursaron?

La Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) sostiene en sus artículos 21, 25 y 75 las condiciones de ingreso al sistema educativo, así como la nulidad de cualquier nombramiento (¿interinato?) obtenido por un medio distinto al concurso de oposición. El INEE expidió incluso el 15 de enero de 2014 los lineamientos donde establece: “todas las plazas vacantes se someterán a concurso de oposición al público”.

Entonces, si el mecanismo de ingreso al sistema educativo esta claro, ¿dónde esta el artilugio legaloide que pudiera fundamentar la ocurrido?

En el artículo sexto transitorio de la LGSPD se lee: “En tanto se tienen debidamente implementados y en operación los concursos y los procesos de evaluación […] se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables hasta antes de la publicación de este Decreto […] Los procedimientos y los dictámenes escalafonarios quedarán supeditados a las fechas o plazos que para la promoción se establezcan en el calendario que publique el instituto […]”. En pocas palabras, la ambigüedad de este artículo posibilita a la autoridad estatal a impulsar la implementación de la reforma o entorpecerla.

Si así fuera, nadie habla de una medida ilegal, sólo del grado de compromiso que los distintos actores tienen con la reforma; lo demás son discursos. Hechos son amores.

Y ahora, ¿quién le explica a los más de 10 mil jóvenes que participaron en el concurso de oposición, que apostaron por el mérito y no por las palancas, las razones por las que esta Autoridad decidió concursar 64 plazas y no 1750? Y, una vez que expliquen los criterios bajo los cuales distribuyeron las plazas, será interesante conocer ¿por qué decidieron apostarle al pasado y no al futuro de la reforma educativa?

Excelente regreso a clases.
Que así sea.

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