miércoles , 22 noviembre 2017

Un caso más para la fiscalía

Un caso más para la fiscalía

Oswaldo Villaseñor

Después de los desmanes presentados en el Congreso del Estado por el choque de dos corrientes magisteriales antagónicas de la Sección 53 del SNTE y alentados por varios diputados, de inmediato, se reunió la Jucopo para evaluar y tomar decisiones.

Lo ocurrido en el Congreso es inadmisible y un hecho bochornoso que desde luego no debe de pasar más. Esa es una de las conclusiones a las cuales, se dice, se llegó.

Y es que lo lamentable y riesgoso no es sólo lo que se vio, que fue el choque de dos corrientes antagónicas del magisterio y donde el senador Daniel Amador aparece como uno de los principales señalados de ser responsable de estos desmanes.

Lo lamentable o preocupante puede ser lo que no se ve a simple vista. O sea, quien alentó o quien operó para que los hechos suscitados llegaran al nivel que llegaron ¿qué objetivo hay detrás de esta confrontación magisterial que encontró en la sede del Congreso su arena de box o su ring?.

Eso es lo que verdaderamente puede inquietar y lo que valdría la pena esclarecer.

Lo que sí es cierto es que para ayer, después de evaluarse la situación al interior de la Junta de Coordinación Política, la diputada Irma Tirado salió a anunciar una decisión que no tiene precedente en Sinaloa.

El Congreso habrá de presentar una demanda penal ante la Fiscalía General de Justicia para que investigue y procure castigar a los responsables de los daños ocasionados en el inmueble.

Lo interesante será conocer el resultado de dicha investigación donde se habrán de revisar videos, fotografías y testimonios de los presentes, para determinar quiénes ocasionaron daños materiales al inmueble y de paso pusieron en riesgo la seguridad e integridad de muchas personas presentes en ese momento en la sede del Congreso.

Las crónicas escritas sobre los hechos en varios medios de comunicación no sólo muestran a civiles, sino incluso muestran a varios diputados locales como protagonistas de los desmanes, de ahí que lo sucedido en el Congreso, sea una historia aún no tiene un final escrito.

La presentación de una querella penal en contra de quien resulte responsable de los hechos suscitados, ya es un hecho sin precedente, pero ver que se castigue a los responsables, eso sí será un caso que siente precedente en la historia legislativa del Congreso del Estado.

Veremos primero si se presenta la demanda ante la Fiscalía y luego si hay castigo a los responsables. Por lo pronto, la diputada Irma Tirado mostró determinación para ponerle un alto a las tentaciones de volver a protagonizar futuras trifulcas tomando al Congreso como su arena de box.

Así sin quitarle ni ponerle

Habrá que estar pendientes.

PASO A PASITO.- El presidente de la CEDH, José Carlos Álvarez y el Ayuntamiento de Sinaloa, presidido por María León, firmaron un convenio para garantizar y defender los derechos humanos y emprender acciones y programas conjuntos que permitan lograr estos objetivos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos pretende firmar este tipo de convenios con todos los municipios de Sinaloa, anunció el maestro José Carlos Álvarez.

OTRO PASITO.- Justicia tardía, pero justicia al fin. Y es que ya que andamos con la defensa de los derechos humanos, ayer la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Rosa Elena Millán, anunció que por una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por ser voluntad del gobernador Quirino Ordaz se atenderá a las familias desplazadas por la violencia de municipios serranos, entre ellos, Sinaloa Municipio.

Se trata de familias que desde el 2012 tuvieron que abandonar sus lugares de origen huyendo de la violencia y quienes no habían sido atendidas de manera integral con programas de gobierno.

Qué bien que por fin se les hará justicia a estas familias.

UN PASITO MÁS.- El secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, Juan Ernesto Millán, se reunió ayer con los diputados locales integrantes de la Comisión de Pesca ante quienes les presentó el diagnóstico que muestra la situación real que vive el sector pesquero de Sinaloa para quien solicitó con urgencia una mayor cantidad de recursos.

De la pesca, dijo, viven más de 14 mil personas en Sinaloa y genera más de 360 mil empleos indirectos.

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