jueves , 22 abril 2021

Medios de comunicación de Sinaloa serán consultados sobre «Ley Mordaza» aprobada por diputados

Medios de comunicación de Sinaloa serán consultados sobre «Ley Mordaza» aprobada por diputados

Carlos Rosas

Culiacán, Sinaloa.- El secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, rechazó que con la reforma a la ley orgánica de la Procuraduría de Justicia y la Ley de Seguridad Pública se pretenda crear una «Ley Mordaza» para los medios sinaloenses.

Lo que se hizo en el Congreso del Estado fue homologar la ley del estado al Código nacional, de acuerdo con el reporte que recibió del procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, expuso.

Exhortó a los medios de comunicación a reunirse para platicar sobre la polémica reforma aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados para tratar de hacer algunas modificaciones donde se esté de acuerdo todas las partes.

Con esta reforma los medios de comunicación no participarán inmediatamente en la escena del crimen y que sean las autoridades investigadoras quienes salvaguarden y hagan el levantamiento de la misma.

Respecto a si los reporteros podrán recoger fotografías y videos de la escena del crimen, respondió que hay situaciones que se tienen que precisar, pero, «te insisto: estamos nosotros en la mejor disposición de sentarnos a platicar y, de ser necesario, hacer las reformas adecuadas».

¿Lo que se tenga que cambiar se va a cambiar? Se le cuestiona.

«Lo que podramos consensar sí y que estemos de acuerdo ambas partes, con mucho gusto», respondió.

Aseguró que no se trata de coartar la libertad de expresión de los medios comunicación y en el caso de Sinaloa no se ha llevado a cabo ya que se está en ese proceso.

«Estamos nosotros homologando esta ley al la del código nacional, pero con la intención de aquí al día 15 de octubre poder hacer un planteamiento con todos ustedes y sacar la reforma en consecuencia», agregó.

Desde la mañana de hoy, destacó, se está haciendo la invitación a los medios de comunicación para socializar esa reforma.

Los diputados del Congreso del Estado aprobaron reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Ley de Seguridad Pública que limitan la labor periodística de los reporteros de la sección policiaca.

La iniciativa que fue propuesta por el ejecutivo del estado establece en su artículo 51 Bis que los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia.

Además precisa que en ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.

También contempla que ningún funcionario de la PGJE podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del procurador general de Justicia del estado o de la unidad de acceso.

“Sólo la víctima u ofendido, a través de su asesor jurídico y el imputado a través de su defensor, son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de la misma”, reza en el documento.

La propuesta del ejecutivo Estatal establece en sus argumentos que la reforma a la PGJE y a la SSP tiene el objetivo de homogeneizar el marco legal en materia de justicia alternativa, pero de paso establece una serie de limitaciones para los comunicadores.

Entre otras de las modificaciones que se aprobaron en esta iniciativa están los requisitos para ser subprocurador, director general, director de unidad, coordinador, agente del ministerio público, facilitador, perito o policía, se excluye el requisito de ser ciudadano sinaloense, extendiéndolo a ciudadano mexicano; todas las referencias al Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa se cambian a Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo tanto a la reforma constitucional de octubre último, como a la publicación de la ley procesal nacional en marzo de este año.

 

 

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