martes , 19 enero 2021

Sandra Lara propone sancionar en Sinaloa los sobornos en adjudicación de obras

Sandra Lara propone sancionar en Sinaloa los sobornos en adjudicación de obras

Irene González

Culiacán, Sinaloa.- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción que se celebró el pasado martes, la diputada del PRI Sandra Lara Díaz presentó una iniciativa de Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el estado y los municipios, donde plantea sanciones ejemplares a los actos de corrupción de particulares.

Destacó que la propuesta contempla dos momentos en que se puede demostrar y sancionar un acto de corrupción: el primero previamente o durante la etapa de licitación y el segundo ya concluida la obra o la propia adquisición.

“En el segundo caso, la multa si por ejemplo se demuestra que al haberse concluido una obra, se demuestra que se participó en un acto de corrupción a través de sobornos, que se contó con información privilegiada para participar en la licitación, la sanción a la que se hace acreedor el particular que participó en ese acto de corrupción ascendería en un máximo de 35 por ciento el valor de la obra, es decir se busca que se restituya al estado algo de lo que se pierde cuando se presenta un acto de esta naturaleza”, explicó.

La legisladora del PRI señaló que a nivel federal existe una ley en la materia que sanciona los actos de corrupción para todas aquellas contrataciones y licitaciones en las que intervienen recursos federales.

Detalló que a nivel de los estados solo dos entidades cuentan con una ley de esta naturaleza, que son Guanajuato y Coahuila, y que de aprobarse esta propuesta, Sinaloa sería el tercer estado con esta legislación.

Lara Díaz dijo que el marco jurídico vigente para Sinaloa en materia de Contratación Pública carece de sanciones adecuadas que inhiban las prácticas de corrupción, es decir son muy limitadas en cuanto a su alcance y efectividad.

“Basta con revisar la ley y darse cuenta que el monto de las multas que se pueden imponer. Hoy en Sinaloa a los particulares corruptos no rebasa los mil días de salario mínimo es decir menos de 64 mil pesos aproximadamente, cantidad que en muchos casos se queda muy corta frente a los beneficios económicos que se obtienen en la adjudicación de un contrato”, manifestó.

Agregó que las leyes en Sinaloa están diseñadas para castigar tanto penal como administrativamente por actos de corrupción, principalmente a los servidores públicos, lo que no sucede con el mismo rigor con aquellos particulares que participan en las mismas actividades y que tienen igual responsabilidad.

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