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Por Kevin Chicuate
Culiacán, Sinaloa. – La ciudad capital amaneció blindada este 25 de julio de 2025, en un despliegue sorpresa que incluyó retenes en puntos estratégicos de la ciudad.
La avenida Álvaro Obregón, arteria principal del centro histórico, fue parcialmente cerrada, generando largas filas de vehículos y molestias entre los automovilistas.
Autoridades federales, estatales y municipales coordinaron el operativo bajo el argumento de una “nueva estrategia de seguridad”. Sin embargo, la pregunta que ronda en el aire es: ¿Qué sabe el gobierno federal que Culiacán se encuentra militarizado?
Este día marca un año de dos eventos que sacudieron profundamente a Sinaloa: el asesinato del político Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, entregado posteriormente a las autoridades estadounidenses.
Ambos casos continúan envueltos en misterio e incertidumbre, con más preguntas que respuestas.
Uno de los elementos más polémicos en torno a la muerte de Cuén Ojeda fue el video difundido inicialmente por las autoridades de la Fiscalía General de Sinaloa, supuestamente mostrando el momento del ataque en una gasolinera al norte de Culiacán.
Según la versión oficial presentada en aquel entonces, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) habría sido víctima de un intento de asalto mientras viajaba como copiloto en una camioneta pickup conducida por Fausto Ernesto Corrales, hijo del exrector Víctor Corrales Burgueño y actual diputado local.
Sin embargo, peritajes posteriores y declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada pusieron en duda esta narrativa.
“El trabajo” realizado por la entonces fiscal Sara Bruna Quiñones quedó evidenciado como una farsa.
El capo aseguró en una carta pública que Cuén Ojeda había acudido a una reunión con líderes políticos y miembros del crimen organizado, incluidos los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, para mediar disputas relacionadas con la dirección de la UAS.
Según Zambada, la reunión tuvo lugar en Huertos del Pedregal, una finca al norte de Culiacán, donde él mismo fue secuestrado.
La Fiscalía General de la República (FGR) encontró evidencia que respaldaba esta versión: sangre de Cuén Ojeda y casquillos de distintos calibres en el lugar, además de rastros de que otro hombre, identificado como escolta de Zambada, también había sido herido.
El video de la gasolinera, que inicialmente fue aceptado como prueba, fue señalado como un posible montaje por expertos forenses y autoridades federales.
Esto aumentó el hermetismo en torno al caso y generó desconfianza sobre la transparencia de las investigaciones.
A un año de los hechos, la FGR mantiene abierta la carpeta de investigación, pero no ha revelado avances significativos ni responsables materiales o intelectuales.
Otra arista controversial gira en torno al gobernador Rubén Rocha Moya, quien ese mismo 25 de julio viajó a Los Ángeles, California, en un avión privado propiedad del empresario Jesús Vizcarra Calderón, dueño de los laboratorios Salud Digna y de la empresa Sukarne.
Según informes, la aeronave salió de Culiacán poco después de las 9:00 horas y aterrizó en Estados Unidos pasadas las 11:00 horas, lo que implica que Rocha Moya no se encontraba en Sinaloa durante los momentos clave de ambos eventos de alto impacto.
En su conferencia de prensa La Semanera, el mandatario justificó su viaje como unas vacaciones familiares, acompañado por dos de sus hijos, dos nietos, una nuera y una hermana de su nuera.
Sin embargo, tras conocerse los hechos ocurridos ese día —la captura de “El Mayo” y el asesinato de Cuén Ojeda—, Rocha decidió regresar a Sinaloa el 26 de julio.
Durante su retorno, se deslindó públicamente de cualquier vínculo con la reunión en Huertos del Pedregal, negando haber sido invitado o participado en ella.
A un año de estos hechos, la situación de seguridad en Sinaloa sigue siendo crítica.
Según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, de septiembre de 2024 a junio de 2025 se registraron mil 876 homicidios dolosos, vinculados principalmente a las disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Las víctimas colaterales han ido en aumento, así como la incertidumbre de los sinaloenses de salir a las calles libremente con la esperanza de que regrese el Culiacán de antes, aquel que nos arrebataron las bandas criminales y que está lejos de recuperarse.
Además, el robo de vehículos alcanzó niveles alarmantes, con 7 mil 616 unidades hurtadas, muchas de ellas mediante actos violentos.
Más de mil 400 personas fueron reportadas como desaparecidas en el mismo periodo, dejando una estela de dolor y ausencia que parece no tener fin.
Mientras tanto, la investigación sobre la muerte de Cuén Ojeda permanece estancada y las negociaciones entre “El Mayo” Zambada y las autoridades estadounidenses avanzan en silencio.
El cofundador del Cártel de Sinaloa podría enfrentar la pena de muerte si el gobierno de EE.UU. considera que incurrió en delitos federales graves, aunque existe la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio.
En medio de este panorama, la memoria colectiva de Sinaloa sigue marcada por el 25 de julio de 2024, un día que expuso las tensiones subterráneas entre política, poder y crimen organizado.
