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La Cámara de Diputados dio su aval este martes a la minuta enviada de regreso por el Senado que establece la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual contempla castigos de hasta 42 años de prisión. Con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, el Pleno refrendó el proyecto que crea esta nueva legislación.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena y quien impulsó la reserva modificada el pasado 19 de noviembre en la Cámara Alta, cuestionó que el incremento de penas se considere la única alternativa para atender la crisis de seguridad, además de rechazar las acusaciones de “narco gobiernos” emitidas por opositores. Durante el debate, Monreal justificó la importancia de la reserva que inicialmente había presentado y que obtuvo el respaldo de la Cámara de Diputados en la primera versión de la reforma.
No obstante, aclaró que aceptaría los cambios hechos por el Senado debido al carácter Bicameral del Congreso. En sus palabras: “En un sistema bicamaral, revisar los actos de la colegisladora debería ser algo normal, y no tendría ni por qué ofender, ni por qué incomodar a ningún legislador. Las cámaras actúan como auténticas revisoras de los actos de la otra, y yo acepto la parte que me corresponde porque lo debatí esa noche y lo hice con pasión con lo que yo considero mi verdad. Soy garantista, y a pesar de que voy a votar esta reforma, soy garantista”, afirmó.
Cambios introducidos por el Senado
El dictamen aprobado endurece las sanciones: la ley fija ahora un castigo mínimo de quince años y un máximo de veinticinco para quienes resulten responsables de extorsión, incrementando de forma significativa la propuesta original, que contemplaba de seis a quince años de prisión. Las modificaciones recaen únicamente sobre el primer artículo del decreto, correspondiente a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Uno de los motivos expuestos por los senadores para elevar las penas es que los rangos iniciales podrían favorecer a personas ya sentenciadas por este delito. Además, la reforma incorpora por primera vez la obligación de que las autoridades actúen “con pleno respeto a los derechos humanos”, disposición que no aparecía en la minuta previamente aprobada por la otra cámara.
Para mejorar la capacidad de investigación y persecución, se establece que tanto las fiscalías federales como las locales deberán contar con unidades especializadas y personal ministerial y policial capacitado, evaluado y certificado en la materia. Mientras estas nuevas áreas operan plenamente, las unidades encargadas del combate al secuestro se harán cargo temporalmente de los casos de extorsión.
El proyecto también incrementa las penas en casos agravados. Cuando servidores públicos o autoridades penitenciarias faciliten o permitan las condiciones para cometer este delito, se añadirá un castigo adicional de tres a cinco años al rango general. Asimismo, se establece que los funcionarios responsables de prevenir, investigar o perseguir delitos, así como quienes imparten justicia o vigilan centros penitenciarios y omitan denunciar actos de extorsión ante el Ministerio Público, recibirán entre diez y veinte años de prisión.
Otra disposición establece que quienes ingresen sin permiso a centros penitenciarios o de internamiento para menores dispositivos capaces de transmitir datos, voz o imagen por cualquier tecnología, enfrentarán sanciones de seis a doce años de prisión.
Finalmente, se señala que los recursos económicos obtenidos mediante decomisos o extinción de dominio en casos de extorsión deberán destinarse prioritariamente a restituir los derechos de las víctimas.
