Preocupa a defensores que autoridades validen como pruebas las conversaciones privadas ofrecidas por un tercero en una demanda

 

Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- La Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, manifestó su preocupación por el precedente que puede derivarse del caso relacionado con la diputada morenista con licencia Almendra “N” contra la activista y funcionaria María Emma Zermeño López, resuelto recientemente por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Desde la Red se expresó inquietud ante criterios jurisdiccionales que permiten utilizar conversaciones privadas como base para sancionar expresiones, lo que podría convertirse en una forma de censura indirecta y afectar la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por la legisladora contra Zermeño López por presunta violencia política en razón de género, derivada de comentarios realizados en conversaciones privadas de WhatsApp entre 2024 y 2025.

Dichos mensajes fueron compartidos sin consentimiento por un tercero, vinculado con la suplente de la diputada con licencia.

Tras diversas resoluciones, el Teesin determinó por unanimidad, que sí existió violencia política de género en su modalidad simbólica en perjuicio de Almendra “N”, atendiendo el mandato de la Sala Regional del TEPJF.

Se ordenó a la denunciada abstenerse de emitir opiniones que afecten los derechos de la legisladora, se estableció una prohibición de acercamiento o intimidación y se instruyeron medidas de atención psicológica para la diputada.

La Red advirtió que este caso abre un debate de fondo sobre los límites entre la protección contra la violencia política en razón de género y derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, especialmente cuando se trata de opiniones sobre personas que ejercen cargos públicos.

“Combatir la violencia política contra las mujeres es una obligación ineludible del Estado, pero esa obligación no debe abrir la puerta a precedentes que inhiban el intercambio privado de ideas, la crítica o el disenso. Defender derechos no puede hacerse a costa de debilitar otros derechos fundamentales. Sin privacidad no hay libertad; sin libertad no hay democracia”, señaló la Red.

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