Cafe Negro Portal Las Noticias de Sinaloa y el Mundo
Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- Un grupo de jubilados y pensionados del Gobierno del Estado se manifestó este martes en las instalaciones del Congreso de Sinaloa para exigir a los legisladores que se “saque de la congeladora” una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) presentada desde la legislatura pasada.
Los afectados señalaron que, a pesar de haber recibido ya dos lecturas reglamentarias en el Pleno, la propuesta se encuentra completamente detenida en la Comisión de Asuntos Obreros bajo el argumento de que requiere un análisis presupuestal por su impacto económico.
José Florentino Munguia Gaspar, presidente del Consejo de Jubilados y Pensionados, explicó que la iniciativa busca beneficiar a más de 3,000 jubilados, pensionados, viudas y viudos bajo el régimen de la ley del 2010 a la fecha. Entre los puntos principales de la propuesta destacan:
Actualmente perciben 50 días de aguinaldo y exigen alcanzar el tope de 66 días, que era lo que recibían cuando se encontraban en el servicio activo.
Solicitan que se cancele definitivamente este descuento mensual una vez que el trabajador se jubila. Argumentan que, al haber cumplido ya con sus años de aportaciones obligatorias, seguir aplicando este cobro (que oscila entre los 500 y más de 2,000 pesos mensuales según el sueldo) resulta injusto y no les reporta ningún beneficio extra.
Exigen que el sector de los jubilados cuente con voz y voto dentro de los órganos de gobierno del instituto.
“Las pensiones actuales son muy raquíticas, oscilan entre los 10,000 y 12,000 pesos mensuales, y en algunos casos incluso menos. Queremos que esto salga ya de la congeladora; no vamos con una postura de ‘queremos todo o nada’, estamos abiertos a negociar alternativas, como que el incremento de los 16 días de aguinaldo restantes se dé de manera diferida en un plazo de dos años”, manifestó el representante.
Los manifestantes detallaron que su presencia en el recinto legislativo obedece a un acuerdo previo con la diputada Teresa Guerra Ochoa, quien se comprometió a gestionar una audiencia con las autoridades estatales para buscar una vía de solución institucional a sus demandas.
Los jubilados advirtieron que otorgarán un plazo de dos semanas para obtener una respuesta favorable respecto a dicha audiencia y el avance del dictamen.
De lo contrario, señalaron que ya cuentan con una programación de acciones y medidas de presión más severas para forzar a que su iniciativa sea discutida y aprobada en el Pleno.
