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Las reformas para retrasar elecciones judiciales a 2028, crear una comisión contra ‘narcocandidaturas’ y anular elecciones por injerencia extranjera ya son un hecho, luego de que lograran la aprobación en la mayoría de congresos locales y la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, dio a conocer que la tarde de este martes 2 de junio se publicaron en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas constitucionales aprobadas la semana pasada en el periodo extraordinario de sesiones.
“Entrarán en vigor mañana, cumpliendo los plazos constitucionales para la modificación de la normatividad electoral. Nuestro proyecto de nación avanza con energía por un mejor país”, escribió la presidenta del Senado en sus redes sociales.
Los tres principales decretos publicados en el DOF este martes son:
Reforma a la reforma judicial
El retraso de las elecciones judiciales un año, es decir, de 2027 a 2028, es la principal modificación a la Constitución.
Con ello, es posible que las elecciones de jueces y ministros sean el mismo año que la revocación de mandato.
Además, uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de que los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reelijan, en una polémica reserva que fue añadida por el diputado Sergio Gutiérrez Luna y respaldada por Ricardo Monreal.
Reforma para anular elecciones por injerencia extranjera (Ley Monreal)
Este decreto consiste en añadir un decreto a la base VI del artículo 41 de la Constitución, en el que se introduce la injerencia extranjera en elecciones como nuevo causal de nulidad.
Conocida como Ley Monreal, modifica la Ley de Medios de Impugnación ante casos recientes de presunta intervención de Estados Unidos en elecciones en Latinoamérica.
Comisión del INE contra ‘narcocandidaturas’
Esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dicta la creación de una comisión encargada de verificar la integridad de los candidatos, de cara a las elecciones en 2027.
El organismo dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE), y buscará que los partidos políticos tengan más herramientas a fin de elegir a candidatos que no estén relacionados con el crimen organizado ni con otros delitos.
