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La Fiscalía General de la República confirmó que la Secretaria de Marina, Relaciones Exteriores y la Secretaria de Seguridad Ciudadana trasladan a México a Fernando Farías Laguna.
El sobrino del ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán y ex servidor público posiblemente está relacionado con una compleja red criminal, dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, de la que ya han sido detenidas 15 personas más.
Como se recordará, el pasado 23 de abril, Fernando “N” fue detenido en Argentina, derivado de la emisión de una Ficha Roja de Interpol, a solicitud de la FGR, al contar con una orden de aprehensión obtenida en su contra.
Personal ministerial de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), viajó a ese país para traer consigo a Fernando “N”, con la finalidad de presentarlo ante la autoridad judicial que lo requirió en México.
Para ello, la Secretaría de Marina dispuso de una aeronave para que servidores públicos del Ministerio Público de la Federación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores trasladen a la Ciudad de México a dicha persona.
Esta acción es resultado de trabajos de inteligencia, seguimiento, coordinación e intercambio de información con la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La Fiscalía General de la República agradece la colaboración de autoridades de los Estados Unidos de América, así como de la Cancillería y autoridades de justicia de la República Argentina.
Continuaremos informando al pueblo de México sobre los trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México que realizamos para combatir las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo y evitar que los recursos que pertenecen a las y los mexicanos terminen financiando actividades criminales.
“Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”.
A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente.
