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La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la prohibición de la doble nacionalidad para ocupar cargos como titular del Ejecutivo Federal, gubernaturas o la Jefatura de la Ciudad de México, fue aprobada por la Cámara de Diputados con 344 a favor, 115 en contra y 1 abstenciones.
El tema ha generado polémica debido a que la iniciativa parece tener “dedicatoria”, ya que se enmarca en la disputa pública que la mandataria mexicana ha mantenido con el político prófugo de la justicia, Francisco García Cabeza de Vaca, quien se perfila a contender por la presidencia de México, sin embargo, a parte de sus asuntos pendientes con la ley, también mantiene la nacionalidad estadounidense, lo que ha complicado su entrega a las autoridades de México.
La discusión en San Lázaro se prolongó por varias horas, donde legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC), se manifestaron en contra, entre calificativos de nombrar al oficialismo como “narco”, además de reprochar la poca atención legislativa que ha tenido el fallecimiento de cinco bebés en Durango.
Desde el inicio del debate legislativo, los grupos parlamentarios de coalición Morena, el Partido Vede Ecologista de México (PVEM)y el Partido del Trabajo (PT), mostraron su respaldo a la reforma presidencial.
Las y los diputados aprobaron un dictamen para impedir que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan o adquieran otra nacionalidad. En caso de contar con una, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos, en los términos que establezca la ley.
La reforma plantea cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina, las personas deberán ser mexicanas por nacimiento, hijas de padre o madre mexicanos, y no poseer otra nacionalidad. El requisito de renuncia aplicará a quienes ya cuenten con una ciudadanía distinta a la mexicana.
La prohibición también comprende el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos como ciudadano extranjero y el acceso a protección diplomática de ese país. Las modificaciones serían aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y no alcanzarían a quienes estén en funciones al momento de la entrada en vigor del decreto.
