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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).-
El dirigente estatal del Partido Sinaloense, Robespierre Lizárraga Otero, informó que la organización política presentó un documento formal ante la autoridad electoral local para solicitar una aclaración sobre las recientes declaraciones emitidas por el consejero presidente del organismo Arturo Fajardo Mejía.
Durante una conferencia de prensa, el líder partidista explicó que el motivo de la petición radica en la preocupación legítima que genera el uso de apreciaciones subjetivas por parte de un funcionario que debe velar por la imparcialidad del proceso.
Según lo expuesto, el consejero presidente mencionó públicamente que 500 personas han solicitado su baja de las filas del partido en los últimos tiempos.
Lizárraga Otero puntualizó que el dato numérico sobre las solicitudes de baja no representa ningún conflicto, ya que la organización respalda firmemente el principio de máxima publicidad y transparencia en la información pública. Sin embargo, el problema principal surge cuando el funcionario electoral rebasa el plano objetivo para emitir conjeturas y juicios especulativos sobre el futuro político del instituto.
El representante partidista señaló que resulta alarmante que la autoridad añada valoraciones personales al sugerir que dichos ciudadanos buscan otros horizontes o que la cifra podría incrementar notablemente el próximo año, todo ello sin conocer las motivaciones reales de las salidas.
Durante su encuentro con los medios de comunicación, el presidente del partido recalcó que, si bien la Constitución salvaguarda la libertad de expresión de cualquier ciudadano, los funcionarios electorales están estrictamente obligados a regirse bajo principios constitucionales específicos. Entre estos ejes rectores fundamentales destacan la certeza, la imparcialidad, la independencia, la legalidad y la objetividad institucional.
Desde la perspectiva del partido, las expresiones emitidas por el titular del órgano electoral se prestan de manera peligrosa para fomentar una narrativa negativa que distorsiona la realidad política de la fuerza partidista ante la opinión pública.
Lizárraga Otero contrastó el número de salidas con los más de once mil nuevos registros que han sido debidamente validados por la propia autoridad electoral durante el periodo actual. Al omitir estos datos complementarios, argumentó el líder político, se vulnera directamente el principio de objetividad que debe caracterizar el actuar de quienes encabezan las instituciones encargadas de organizar los comicios en la entidad.
El dirigente advirtió que la organización se mantendrá sumamente vigilante ante cualquier conducta que pueda comprometer la equidad de la contienda, documentando minuciosamente cada eventualidad que se presente en el escenario político estatal.
El objetivo primordial de esta acción legal es garantizar que la autoridad electoral actúe con rectitud y evite caer en especulaciones que puedan enturbiar el clima democrático previo al inicio formal del proceso electoral.
Lizárraga Otero enfatizó que el instituto político cuenta con un sólido respaldo ciudadano reflejado en más de 134,000 afiliados validados de manera oficial ante la ley electoral.
