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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal). – Ante las inquietudes y la molestia manifestada por la ciudadanía tras los anuncios de revisiones a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el diputado Eligio López Portillo, aclaró que las medidas informadas hasta el momento no son definitivas y que el tema será analizado a fondo en el Gabinete de la Presidencia de la República.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, explicó que el Consejo Técnico del Seguro Social acordó realizar un análisis exhaustivo para identificar posibles irregularidades en la operatividad de este esquema, el cual permite a las personas que quedaron sin patrón en sus últimos años laborales continuar cotizando por su cuenta para acceder a una pensión digna.
López Portillo destacó que la propia presidenta de la República precisó que se otorgó un plazo de 15 días para recabar la información correspondiente sobre la revisión o suspensión del esquema, expediente que posteriormente ingresará a su despacho para determinar los términos finales.
“No es definitivo, todavía la presidenta en la mañana les dijo a todos: ‘Aún con lo que se entregue de información de por qué se suspende o se va a revisar la Modalidad 40, tendremos que tener una definición final y revisar adecuadamente’”, sostuvo el titular de la JUCOPO.
El diputado reconoció que este tipo de anuncios genera incertidumbre y molestia entre la ciudadanía, toda vez que este mecanismo representa un derecho adquirido para respaldar el retiro de quienes han trabajado durante años.
“Es un derecho de los ciudadanos, no pueden quedar desamparados. En una empresa te pueden liquidar, te pueden despedir o puede quebrar, pero el servicio de salud y jubilación es un derecho humano; todo el que trabaja tiene que tener esa garantía”, enfatizó.
El también coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local reiteró que las revisiones buscan reestructurar y transparentar el procedimiento para evitar afectaciones al presupuesto del Seguro Social, asegurando que la intención de las autoridades federales es proteger los derechos de la población derechohabiente.
