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La presentadora Inés Gómez Mont promovió un amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El lunes se presentó la demanda y se turnó al juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, el cual preside Guillermo Francisco Urbina Tanús, en la que también se solicita que se ordene a la Fiscalía General de la República (FGR) revocar la petición a Interpol de una ficha roja para buscarla a nivel mundial.
Hasta el momento, se desconoce si el esposo de la conductora, Víctor Manuel Álvarez Puga, promovió un amparo contra la mencionada orden de aprehensión.
Suman tres detenidos por el caso de Inés Gómez Mont
En días recientes la FGR detuvo a Yareli Eunice Delgado García, José Reyes Orta Sierra y Ricardo Cortés Contreras, implicados en la presunta organización criminal que encabezan Gómez Mont y Álvarez Puga.
En noviembre de 2019 se inició la carpeta de investigación en contra de Gómez Mont y Álvarez Puga, así como de Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas por los delitos mencionados.
Las personas mencionadas presuntamente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a su organización criminal por medio de bajar las cargas tributarias y ocultar operaciones, lo que dificultaba el rastreo de los recursos.
Para cumplir su objetivo, señala la investigación, los imputados celebraban contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo con el objetivo de lavar dinero.
La organización principal estaba a cargo de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, que operaban con presuntos representantes de personas morales. Durante las indagaciones se supo de la existencia de un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
Un segundo grupo, formado por servidores públicos, facilitó ilegalmente recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales. Estaba formado por Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
Cada una de las células se integraba con las demás para incurrir en los delitos que se persiguen. Una de las empresas intervenidas recibió más de 2 mil 500 millones de pesos.
La Fiscalía destacó además dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social por 2 mil 950 millones de pesos.
Sobre la participación de Gabriel “M”, expuso la FGR, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que por medio de la asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa antes del inicio de las operaciones delictivas.
La Fiscalía General de la República apuntó que a los principales implicados en este caso se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes.
En el caso de las personas que huyeron del país, entre los que se encuentran Gómez Mont y Álvarez Puga, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.
Con información de López-Dóriga Digital y Milenio
