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Tras reconocer la “voluntad política” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para llegar a la verdad en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las madres y los padres denunciaron en un pronunciamiento la “lentitud” de la Fiscalía General de la República (FGR) en actuar y la “reticencia” de la administración en investigar al Ejército y al 27 Batallón de Infantería de Iguala.
“A siete años nuestra herida sigue sangrando”, recalcaron los familiares en un pronunciamiento leído por Hilda Legideño e Hilda Hernández, en el mitin que concluyó la marcha en exigencia de justicia llevada a cabo hoy en la Ciudad de México, a siete años de la Noche de Iguala.
Entre sus reclamos, las madres y los padres señalaron que algunos funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), culpables de tergiversar evidencias para abundar en la descreditada “verdad histórica”, siguen en la FGR, institución que acusaron de tardar en emitir 40 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables.
“Hay voluntad política pero ya llevamos tres años y no sabemos el paradero de nuestros hijos”, recalcaron en el pronunciamiento y, tras recordar que los restos de tres jóvenes fueron identificados, preguntaron: “¿Qué pasó con los demás jóvenes ? ¿Quiénes se los han llevado? ¿Dónde están? Son preguntas que este gobierno no contesta”.
“Para el gobierno hay avances (…) para nosotros son mínimos”, agregaron, al soltar: “Con este gobierno parecía que se despejaba el camino a la verdad, pero a medida que pasa el tiempo parece más empinado y espinado”.
“Los necesitamos más que nunca”, dijo Cristina Bautista Salvador, quién agradeció a la multitudinaria audiencia que participó a la marcha, una de las de mayor afluencia desde el inicio de la pandemia de covid-19.
En el arranque del mitin se respetó un minuto de silencio, en homenaje a Minerva Bello Guerrero, Tomás Ramírez Jiménez, Saúl Bruno Rosario, Bernardo Campos Santos, padres de normalistas quiénes han buscado a sus hijos durante estos siete años, y fallecieron sin encontrar el paradero de sus hijos.
“Hace 7 años nuestros compañeros, nuestros 43 hermanos se encontraban en la normal rural de Ayotzinapa, con la esperanza, la ilusión y la algarabía porque habían pasado el examen para ser maestros rurales (…) pero más tarde el gobierno cobarde y las fuerzas policiacas coludidas con la delincuencia organizada los desaparecían”, recalcó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.
Tras arremeter contra la “mafia de las fuerzas de seguridad” –policía federal, estatal y municipales– que persiguieron a los normalistas en las calles de Iguala en la noche del 26 de septiembre, el integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan insistió: “A esta hora los 43 estarían en todas y cada una de las comunidades”.
En días recientes, los padres recibieron algunas atenciones del gobierno federal, pues el subsecretario Alejandro Encinas viajó a la barranca de la Carnicería para acompañar a brigadas de búsqueda, y el presidente López Obrador los recibió el viernes pasado en Palacio Nacional.
Entre los magros avances de estos últimos días, destaca el envío de una carta a Israel para pedir la extradición de Tomás Zerón de Lucio –acusado de tortura y de sabotear la investigación–, y el anuncio por parte del fiscal Omar Gómez Trejo de que 20 testigos están colaborando en la investigación.
“Hay un trato más humano (…) pero falta más, pero en tres años no se ha logrado esclarecer el paradero de los jóvenes”, comentó Rosales mientras caminaba.
Como lo han hecho mes por mes en los últimos siete años, los padres encabezaron la marcha, sosteniendo en sus manos las mantas con los rostros de sus hijos impresos o bordados.
Detrás de ellos, miles de normalistas, integrantes de organizaciones sociales y ciudadanos solidarios recorrieron la principal avenida de la capital con sus cartulinas, banderas o incluso ataúdes marcados con los rostros del expresidente Enrique Peña Nieto, el exprocurador Jesús Murillo Karam, del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y del exgobernador Ángel Aguirre.
A medida que avanzaba la manifestación, algunos normalistas pintaban paredes con consignas de “Ayotzi Vive” y “+43”, cuantos recordatorios de la injusticia que continua, a pesar de que ya pasaron siete años desde la Noche de Iguala y que se sucedieron dos administraciones federales.
A la altura de la glorieta de Cuauhtémoc –cuyas vallas se llenaron de pintas en cuestión de minutos–, se incorporó un grupo que sostenía una enorme manta, que resumía en cuatro palabras blancas y negras el sentir general: “7 años sin justicia”.
Mujeres también aprovecharon el paso por la glorieta donde solía estar la estatua de Cristóbal Colón –y que desde ayer está ocupada por la estatua de una mujer con el puño en alto–: bombas de pintura en mano, tapizaron las vallas con el lema “Glorieta de las Mujeres que Luchan”, que las autoridades capitalinas borraron en la noche.
Al llegar en el antimonumento a los 43 –cubierto ya de agaves, jacarandas y begoñas–, los padres entonaron el pase de lista, nombrando cada normalista, a lo que correspondieron los estudiantes al aldeaños.
La manifestación continuó su camino de manera pacífica hasta llegar al Zócalo capitalino poco después de las 6 y media de la tarde, cuando inició el mitin, el cual se prolongó hasta pasadas las 8 de la noche, con un conteo hasta 43 –acompañado por la liberación de humo rosado– que culminó con un estruendo llamado a la justicia, y el canto en coro del himno revolucionario “Venceremos”.
Con información de Proceso
