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Las protestas contra la reforma de las pensiones vuelven a las calles de Francia, con una nueva jornada nacional de huelgas y manifestaciones que buscan influir en el debate que mantendrá el jueves la Asamblea Nacional.
Se trata de la decimocuarta protesta nacional que los sindicatos han convocado de forma unida desde mediados de enero, que no han podido evitar la aprobación de la reforma en abril, aunque por decreto del Gobierno del presidente Emmanuel Macron y sin voto parlamentario, ya que el Ejecutivo no tenía la mayoría necesaria en la Asamblea Nacional.
La última protesta tuvo lugar el pasado 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, en la que se registró un nivel superior de violencia por parte de grupos minoritarios, sobre todo en París, por lo que el Ministerio del Interior ha preparado un despliegue de 11 mil agentes, 4 mil solo en París.
Hay 250 manifestaciones convocadas en todo el país, para las que las autoridades anticipan la participación de hasta 600 mil personas, aunque los paros en sectores estratégicos como el transporte solo se prevén destacables en la aviación, ya que el ferrocarril se verá menos afectado.
Se han suprimido el 33 por ciento de los vuelos en el aeropuerto parisino de Orly y un 20 por ciento en los de Lyon, Marsella, Niza, Toulouse, Burdeos y Nantes, lo que supone varios cientos de vuelos, y también podrían verse afectados otros que transiten por el espacio aéreo francés.
La reforma elevó de 62 a 64 años la edad mínima de jubilación y aumentó de 42 a 43 años el período de cotización necesario para tener una pensión completa.
La protesta de hoy busca presionar al pleno de la Asamblea del jueves, cuando está programado el examen por los diputados de una proposición de ley de un grupo minoritario de oposición, LIOT -de centroderecha y regionalista-, que pretende anular la reforma y que no tiene prácticamente ninguna posibilidad de prosperar.
Sin embargo, la semana pasada y durante su examen en comisión, el bloque que apoya a Macron consiguió vaciar de contenido la proposición de ley.
Y, aunque la oposición pretende reactivarla, la presidenta de la Asamblea Nacional, la macronista Yaël Braun-Pivet, ha anticipado que recurrirá a un artículo constitucional para impedir que sea sometida a voto.
Los presidentes de seis grupos parlamentarios de oposición, entre ellos el de LIOT, adviertieron al Gobierno y a Braun-Pivet, de que si no se puede votar la medida, será una “denegación de la democracia” y un “precedente peligroso”.
“Una nueva denegación de la democracia solo puede suscitar una desafección agravada hacia nuestras instituciones”, advirtieron en una tribuna que publica el diario Le Monde.
Con información de EFE
