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La facultad primigenia de un Congreso local o federal es, además del diseño de nuevas leyes, aprobar los recursos públicos y fiscalizarlos para analizar cómo se ha manejado el dinero público del pueblo de Sinaloa, explicó en entrevista el diputado Sergio Mario Arredondo Salas.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa dijo que hay un capítulo que ha llevado a una diferencia de criterio en el tema de la fiscalización por parte del Congreso con los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Sostuvo que quienes conducen la UAS no representan la expresión universitaria en materia de transparencia y rendición de cuentas porque la sociedad demanda saber cómo se manejan los recursos públicos.
“Ahí hay una diferencia de criterio que ha establecido el propio rector Jesús Madueña en cuanto a la facultad del Congreso del Estado en materia de fiscalización”, apuntó.
“Son los jueces del Poder Judicial –señaló-, a través de los procesos y las instituciones que están establecidos en la Ley, quienes tendrán que dar un fallo en el sentido de quien tiene razón en esa interpretación”.
Sostuvo a título personal como diputado y universitario que no hay transparencia que dañe instituciones y erosione autonomías sino al contrario.
“Hay una sola transparencia, la que está establecida en la Ley y que fortalece a las instituciones y la confianza de la sociedad hacia esas instituciones porque se trata de conocer qué se hace con los dineros públicos de los sinaloenses, de eso se trata este capítulo”, aseveró.
Afirmó que cada año se discute y aprueba un presupuesto e incluso instituciones como la UAS plantean sus necesidades y hacen solicitudes que se escuchan y, en función de las circunstancias presupuestales, se atienden. “Ese mismo presupuesto se tiene que fiscalizar año con año”, advirtió.
Puntualizó que el Congreso seguirá gestionando y apoyando a la UAS en los recursos que requiere para su avance y el aporte a la sociedad en la formación de los hijos de las familias sinaloenses, pero sin claudicar en esa obligación que tienen los diputados de fiscalizar.
“Nadie puede decir: la Ley a mí no me toca, eso no existe, cuando lo escuchen tenemos que generar un cuestionamiento”, comentó al aclarar que esa es una interpretación inaceptable para una sociedad que demanda transparencia.
