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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 es autoritario, vengativo, insensible y soberbio creado a partir de la terquedad y los caprichos de un solo hombre, no viendo por la atención de verdaderas prioridades que tiene el país, afirmó Roxana Rubio Valdez.
La presidenta del PAN en Sinaloa dijo que a Morena no le interesa el bienestar de la población, solo le importa conservar el poder al precio que sea y no es posible que prefieran darle prioridad a megaobras antes que aquellas urgencias y necesidades inmediatas que enfrenta la población.
“En Acción Nacional somos realistas y sabemos que lo que la gente necesita es apoyo, vivimos tiempos complicados en economía, seguridad y salud. No estamos en contra de los megaproyectos, pero sí estamos convencidos de que hoy la gente no necesita un aeropuerto sin vuelos, una refinería que no refina o un Tren Maya”, dijo.
Roxana Rubio precisó que es desde el análisis que realizó el albiazul para este PEF 2024 lo que más urge es brindar más presupuesto para los estados y los municipios para que se puedan generar mejores condiciones de vida y desarrollo para todas las familias mexicanas.
“Este es el último paquete económico del sexenio, por lo que no pueden ni deben hacer justificaciones para no destinar recursos a la educación, a la salud, a la seguridad, que es lo que México realmente necesita. Es imperdonable que en nuestro país continúe aumentando la pobreza extrema y que la economía nacional prácticamente no haya crecido desde que comenzó esta administración”.
Rubio Valdez indicó que este presupuesto morenista le está dando el golpe final a los organismos e instituciones que funcionan en vez de reforzarlas, mediante recortes al Poder Judicial por 84 mil 792 millones de pesos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 322 millones de pesos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 767 millones de pesos
Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal con 5 mil 375 millones de pesos, el Instituto Nacional Electoral con 5 mil millones de pesos, la Comisión Federal de Competencia Económica con 86 millones de pesos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales con 71 millones de pesos.
