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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal). – La Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, que coordina el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción emitieron un pronunciamiento mediante el cual demandan a las autoridades municipales, estatales y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia, tengan un plan integral en pro de regresar la tranquilidad a las familias de Sinaloa.
A través de un desplegado dirigido a los titulares de los niveles de gobierno piden que asuman sus deberes de forma decidida y transparente para el restablecimiento de la seguridad pública en la entidad que desde hace 22 días ha sido escenario de actos violentos constantes.
El documento, respaldado por decenas de organizaciones del ámbito social, académico, empresarial, cultural, ambiental y cultural, tanto locales como nacionales, señala que la población de Sinaloa está en una condición de vulneración de sus derechos humanos y libertades derivada del clima de violencia que ha privado con mayor intensidad a partir del 9 de septiembre.
“Es en estos momentos cuando la ciudadanía requiere con urgencia que las autoridades cumplan con su deber de salvaguardar las libertades fundamentales y restituir el orden público al que tenemos derecho. Las voces ciudadanas que reclaman paz no deben ser minimizadas o ignoradas”, se señala en el escrito dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador Rubén Rocha, entre otras autoridades.
Exigen a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Sinaloa lleven a cabo investigaciones imparciales, que se evite revictimizar a las personas afectadas directa e indirectamente por los hechos violentos, que no se oculte información, que se difundan ampliamente las fichas de las personas desaparecidas en todo el estado y que se presente un informe general.
“Hemos encontrado que los jóvenes están siendo blanco de las desapariciones y que las cifras oficiales no coinciden con las de las familias que sufren la ausencia; esto de acuerdo con grupos de búsqueda de personas desaparecidas, que también denuncian secuestros y reclutamiento forzado por grupos criminales en áreas urbanas y rurales”, se advierte.
A las autoridades de todos los ámbitos de gobierno le demandan que proporcionen asistencia legal y psicológica, además de garantizar el acceso a servicios de salud, techo y alimentación a las familias que han sido desplazadas por la violencia, como ocurrió en El Palmito, Concordia; mantener el apoyo en las comunidades rurales afectadas y lograr una reparación integral del daño.
Pare evitar la desinformación, pánico social, se pide a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa que además de difundir un comunicado con el balance diario, informe de cada suceso de manera inmediata por sus plataformas digitales oficiales; de esta forma también se combatirá la información falsa que circula en las redes y se podría evitar que la ciudadanía transite por zonas donde se estén llevando a cabo operativos o hechos de violencia.
Hacen un llamado a la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa, universidades e instituciones educativas públicas y privadas para que se difundan ampliamente el Plan de Proximidad y Protocolos de Seguridad que se están ejecutando en los entornos escolares, para mayor certeza y toma de decisiones de madres, padres de familia, personas tutoras, así como del alumnado y las personas colaboradoras.
Finalmente, a las y los legisladores locales y federales les piden que se pronuncien y busquen soluciones en la edificación de paz para Sinaloa y todas las localidades afectadas por la violencia, ya que su deber es trabajar por y para la ciudadanía más allá de sus proyectos políticos personales y de partido.
“Es a sus representados a quienes deben rendir cuentas. Quienes ostentan un cargo de elección popular han estado muy cerca de la ciudadanía para pedir su voto, pero en los peores momentos, ¿decidirán ignorarla y abandonarla?”, se expresan en el documento.
