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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal). – En protesta a lo que argumentan como una ola de violencia que azota la entidad, ciudadanos de Sinaloa buscan aplicar la Ley de Revocación de Mandato, una medida que el propio gobernador Rubén Rocha Moya impulsó ante el Congreso del Estado los primeros días de enero de 2023.
Esta figura legal, diseñada para que los ciudadanos puedan retirar del cargo a un mandatario si consideran que ha perdido su confianza, ahora podría volverse en contra del propio gobernador, quien enfrenta críticas crecientes por la inseguridad que afecta al estado.
En abril de 2022, durante su tradicional “Conferencia Semanera”, Rocha Moya anunció con entusiasmo que presentaría una iniciativa de reforma para incluir la revocación de mandato en la Constitución local. Esta propuesta, inspirada en el ejercicio al que se sometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, permitiría que los sinaloenses decidieran a la mitad del sexenio si el gobernador debía continuar en el cargo o renunciar.
El objetivo, según Rocha, era reforzar la democracia participativa y ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de opinar cuando el desempeño de un gobernante no estuviera a la altura.
“Yo me voy a someter al juicio de los sinaloenses en 2024, a los tres años de mi ejercicio, para que me digan si sigo o concluyo”, señaló en ese momento el gobernador, subrayando que su administración estaría en consonancia con los principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas.
El 23 de enero de 2024, el Congreso de Sinaloa aprobó con 37 votos a favor la Ley de Revocación de Mandato, iniciativa enviada por el propio Rocha Moya. Sin embargo, el escenario ha cambiado drásticamente.
La inseguridad en el estado ha generado un profundo descontento entre los ciudadanos, quienes ahora buscan activar la misma ley que el gobernador promovió.
Según la ley aprobada, la revocación de mandato podrá solicitarse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno, siempre y cuando la solicitud cuente con el respaldo de al menos el 10 por ciento de los electores inscritos en la Lista Nominal, abarcando al menos 11 municipios.
El proceso está diseñado para garantizar que la ciudadanía tenga una voz directa en la continuidad o terminación anticipada del mandato de su gobernador, en este caso, Rocha Moya, quien ahora enfrenta el reto de defender su administración en medio de crecientes preocupaciones por la inseguridad.
