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La Fiscalía de Estados Unidos imputó al ex mandatario venezolano Nicolás Maduro por presuntamente haber comercializado pasaportes diplomáticos con narcotraficantes mexicanos durante su gestión como canciller de Hugo Chávez, entre 2006 y 2008, con el objetivo de facilitar el traslado de cocaína hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con un documento de 25 páginas presentado por el Departamento de Justicia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, al que tuvo acceso el diario Reforma, dichos pasaportes habrían otorgado inmunidad diplomática a miembros de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, dos de las organizaciones criminales más fuertes del país.
La acusación sostiene que ambos grupos mantenían vínculos con el llamado Cártel de los Soles, una estructura criminal atribuida a altos funcionarios del régimen venezolano, activa entre 1999 y 2019. Según el expediente, la droga era procesada en Colombia y Venezuela, y posteriormente enviada a Estados Unidos a través de rutas que incluían el Caribe, Centroamérica y México.
El documento también implica al actual ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, a quien se señala de recibir sobornos de Los Zetas para asegurar el traslado de cargamentos de cocaína hacia México. Asimismo, menciona a Joaquín “El Chapo” Guzmán como financiador de laboratorios clandestinos en Colombia, cuya producción se destinaba al mercado estadounidense.
La ruta descrita en el expediente iniciaba en puertos venezolanos y continuaba por el Caribe y Centroamérica, con escalas en Honduras y Guatemala, antes de ingresar a México y cruzar hacia Estados Unidos. La Fiscalía sostiene que México no solo fungía como país de tránsito, sino también como un centro logístico, financiero y marítimo, facilitado por una red de corrupción que involucraba a funcionarios políticos.
El periodo investigado, que abarca de 1999 a 2019, coincide con cinco administraciones mexicanas, desde el final del gobierno de Ernesto Zedillo hasta el inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo las gestiones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Aunque el expediente no imputa directamente a exmandatarios mexicanos, el señalamiento ha generado inquietud política, pues se considera que podría convertirse en un instrumento de presión diplomática por parte de Washington, según reportó el diario ABC. Este escenario podría agravarse si Maduro optara por colaborar con las autoridades estadounidenses a cambio de una reducción de su condena.
Para sustentar el caso, los fiscales recurrieron a grabaciones de la DEA, testimonios de testigos protegidos y registros financieros recabados durante años de investigación.
