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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- En la audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de la causa penal 836 por el delito de abuso de autoridad contra Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), se adicionaron dos nuevas medidas a la ya existente de no salir del país: la firma periódica y una garantía económica.
De acuerdo con los argumentos del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lizárraga Otero habría obstaculizado el proceso de investigación con prácticas dilatorias e influido en las respuestas de los testigos, que son trabajadores de la UAS.
Los fiscales señalaron que el imputado presentó en varias ocasiones justificantes médicos para reprogramar la audiencia de revisión de medidas cautelares, lo que consideraron como prácticas dilatorias.
Además, aseguraron que los procesos de investigación continúan, pues aún se encuentra en la etapa de juicios orales con testigos.
Por su parte, los defensores particulares de Lizárraga Otero no coincidieron con los argumentos de la Fiscalía. Aseguraron que su cliente está interesado en que el proceso se realice, y que su intervención fue por videoconferencia debido a que tuvo que revocar a su anterior abogado por incomparecencia.
Los defensores negaron que Lizárraga Otero haya influido en los testigos, alegando que es de conocimiento público, por una resolución federal, que la Auditoría Superior del Estado no tiene facultades para fiscalizar los recursos de la UAS, lo que supuestamente fue la respuesta de una de las trabajadoras.
Además, solicitaron al juez no atender la medida cautelar de garantía económica, argumentando que no existen bases ni parámetros por lo señalado por la Fiscalía sobre la influencia en los testigos.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez Carlos Alberto Herrera adicionó a Robespierre Lizárraga Otero las medidas cautelares de firma periódica bimestral y una garantía económica por 50 mil pesos.
En tanto, para Jesús Madueña Molina, quien también estaba citado para revisión de medidas cautelares, el juez reprogramó la audiencia para el 27 de mayo, ya que presentó un justificante médico que le indica reposo por siete días.
