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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal). – El Congreso del Estado dio lectura este jueves a la iniciativa presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, en la que solicita autorización para contratar uno o más créditos por hasta 2,300 millones de pesos destinados a la realización de 36 obras públicas distribuidas en los 20 municipios de Sinaloa.
La iniciativa fue dispensada de la segunda lectura de ley y turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración para su análisis y dictaminación.
El mandatario estatal propone que se autorice al Estado de Sinaloa, a través de sus funcionarios facultados, a realizar procesos competitivos para contratar créditos conforme a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en la Ley de Deuda Pública. El financiamiento sería gestionado con instituciones del Sistema Financiero Mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, con un plazo de pago establecido para los años 2025 y 2026.
Como fuente de pago, se utilizaría un porcentaje de las participaciones federales presentes y futuras asignadas al Estado, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. Además, se plantea que el mecanismo de contratación priorice esquemas que minimicen los costos financieros y maximicen el monto disponible.
En los considerandos de la iniciativa, el gobernador explicó que en noviembre de 2023 se notificó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los juicios sobre convenios de coordinación fiscal 01/2021 y 02/2021. Dicha sentencia reconoció sanciones impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al Estado de Sinaloa debido a irregularidades en 12 auditorías realizadas por la administración anterior. Estas irregularidades derivaron en el impedimento de realizar actos de fiscalización durante diez meses y la pérdida del derecho a incentivos fiscales.
Como resultado de estas sanciones, el impacto financiero obliga a la actual administración a reintegrar más de 2,300 millones de pesos a la Federación. Este monto equivale al financiamiento que se busca autorizar, cuyo destino sería la inversión en infraestructura pública en la entidad.
