Redacción
Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- A dos años del “jueves negro”, lamentablemente se hizo costumbre el “Culiacanazo” en el país, condenó Francisco Javier Villarreal Gastélum, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, (FAS) .
El abogado consideró que el Culiacanazo fue tomado como “modelo” por las autoridades de los tres órdenes de gobierno al ser consentidores de los grupos delictivos, tal como ocurrió en Culiacán el pasado 17 de octubre del 2019 tras el operativo fallido contra Ovidio Guzmán , hijo de Joaquin Guzmán Loera.
“Se está haciendo costumbre que ellos, en vez combatir, lo tomaron como modelo a seguir y ser más consecuentes o consentidores de este tipo de grupos delictivos, que más que el temor que le tiene la autoridad a este tipo de grupo es la forma que se dio, el freno que le pusieron al actuar de las autoridades militares, policía, estado y del muncipio”, expresó.
Villarreal mencionó que pese a que el “jueves negro” dejó marcada a la entidad y a todo el país aún las autoridades no revelan detalles de la investigación para dar con el paradero de Ovidio y encontrar responsables por los hechos violentos ocurridos en el 2019.
Resaltó que lejos de un festejo por la paz luego del “Culiacanazo”, a dos años del hecho violento representa una corona a la delincuencia.
El presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa dijo que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a Ovidio Guzmán en un inicio fue para no derramar más sangre, pero no se puede hablar de un saldo blanco en este operativo ya que hubo pérdidas de vidas humanas, personas lesionadas, robo de vehículos, fuga de reos, entre otros delitos.
Mencionó que el reto para el próximo gobernador electo, Rubén Rocha Moya, será erradicar los índices de inseguridad en la entidad para evitar que se vuelva a registrar otro “Culiacanazo”.
Víctimas
Aunque este domingo se cumplen dos años desde aquel jueves violento, aún en la memoria de los culiacanenses persiste los recuerdos de aquel día donde se secuestró la tranquilidad y el libre tránsito.
El 17 de octubre del 2019, “Luis”, a quien llamaremos así para proteger su identidad, se trasladaba por las calles del Tres Ríos rumbo a su casa, luego de recoger a su hija en la escuela.
Todo parecía ser un jueves común en el caluroso Culiacán pero ese día los estruendos de las balas lo pusieron en alerta, de inmediato tomó a su hija de la mano bajaron de la unidad y se pusieron pecho tierra.
“Qué pasa papi por qué esos ruidos” preguntaba insistente la pequeña de tan solo 6 años de edad, mientras el padre de familia la abrazaba fuertemente para protegerla de una bala perdida.
El estruendo de las balas, los recorridos de los grupos armados y el pánico de la población paralizó ese día a la ciudad.
Los comercios cerraron de inmediato, se suspendió el servicio del transporte público y la angustia incrementó ante los cientos de vídeos que circulaban en redes sociales sobre grupos armados que bajaban de la sierra para participar en el rescate del hijo de “El Chapo”.
Otra joven de nombre “Lupita” contó que ese día al igual que miles de culiacanenses tuvo que regresar a su casa a pie tras suspenderse las activistas laborales, otros se refugiaron en casa de desconocidos, quienes amablemente les abrieron las puertas de sus domicilios para de esta forma ponerse a salvo.
Trailers, camiones y vehículos fueron despojados por los grupos criminales y muchas de estas unidades incendiadas y utilizadas para cerrar vialidades.
Acciones
La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) se manifestó a favor de la decisión del Gobierno Federal expresada en la demanda contra la industria norteamericana de armas de fuego, interpuesta en la Corte de Distrito de Massachusetts con el número 1:22-cv-11269-FDS, cuyos puntos 222 a 224 se refieren al llamado jueves negro.
A través de un comunicado detalló que ese día la CEAIV intervino para atender a las personas afectadas en cuarenta y cuatro casos: tres personas fallecidas, cinco personas lesionadas, cinco autos robados, veintinueve carros dañados y dos locales comerciales afectados.
Sus medidas de auxilio consistieron en asesorías jurídicas, gestiones para asistencia psicológica, apoyos materiales y gestiones para atención médica.
El recurso económico se empleó siguiendo el principio de prioridad en la asistencia, establecido por la ley de víctimas, según el cual la gravedad del daño sufrido determina el orden de prestación de los servicios.
Al día de hoy, la CEAIV ha destinado la cantidad de $187,354.87 de sus recursos de ayuda social a la atención de los casos. Tan solo solo apoyo material (transporte, alimentación, cuotas escolares) se otorgó $94,650.00; gastos médicos: $8,740.00; asistencia psicológica: $10,440.00 y gastos funerarios: $73,524.87.
En compensación económica en los casos en que las víctimas vieron afectado su patrimonio, la CEAIV instruyó al Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para que entregara recursos por un total de $344,020.11 .
Las acciones de la Comisión de Víctimas se efectuaron para garantizar el ejercicio de los derechos de treinta y cinco de las personas afectadas y tan solo en apoyos económicos significan un monto de $531 mil 374 pesos.