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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- La diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, confirmó que ya se encuentra en análisis la iniciativa presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya para la extinción de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP).
Guerra Ochoa explicó que el proceso legislativo se encuentra en etapa de lectura y discusión, y que la propuesta plantea la transición de la CEAIP de un órgano descentralizado a un órgano desconcentrado, probablemente adscrito a la Secretaría de Transparencia.
“La diferencia es que de órgano descentralizado pasa a un órgano desconcentrado. Eso es lo que se está planteando”, señaló.
Respecto al presupuesto, aclaró que para el año 2025 está asegurado el financiamiento de la Comisión, mientras que en 2026 se prevé un recurso destinado únicamente para garantizar los salarios y derechos laborales de las y los trabajadores durante el proceso de transición.
“No hay la idea de afectar derechos adquiridos. La transición debe garantizar que se mantengan prestaciones y condiciones laborales”, enfatizó.
La legisladora reconoció que la iniciativa ha generado inquietud en algunos sectores, quienes consideran que podría significar un retroceso en materia de transparencia.
Sin embargo, subrayó que la reforma responde a la necesidad de homologar la normativa federal aprobada en enero de este año, y que el verdadero reto será fortalecer los mecanismos de acceso a la información y la observancia ciudadana.
“Entiendo que haya desconfianza, pero lo que hace la diferencia no es la ubicación administrativa del órgano, sino la normativa que garantice transparencia. Hoy las nóminas, contratos y licitaciones son obligatorios de publicar, y eso debemos seguir fortaleciendo”, puntualizó.
Guerra Ochoa adelantó que la reglamentación secundaria aún está pendiente y deberá construirse con la participación de todas las partes involucradas. Asimismo, aseguró que el recurso asignado permitirá un funcionamiento de seis a ocho meses durante la transición, tiempo en el que se definirán las nuevas reglas y estructuras del órgano encargado de garantizar el acceso a la información pública en Sinaloa.
