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¡Está Café!
Por Kevin Chicuate
Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal). – Fundación Laika, un refugio que durante ocho años ha sido un faro de esperanza para cientos de animales en situación de calle, enfrenta una crisis sin precedentes.
Con menos de un mes para desalojar el predio que les dio hogar durante casi una década, esta organización animalista lucha contra el reloj para encontrar un nuevo espacio dónde continuar su labor.
Sin embargo, más allá del inminente desalojo, lo que subyace es una problemática estructural que pone en entredicho las políticas públicas y el apoyo institucional hacia quienes dedican su vida a proteger a los más vulnerables.
La presidenta de Fundación Laika, Rebeca Uriarte, lanzó un llamado desesperado al gobierno estatal, municipal y a la ciudadanía para encontrar una solución.
Su solicitud es clara: un terreno amplio, seguro y adecuado para albergar a más de 70 animales rescatados, muchos de ellos con necesidades especiales.
A pesar de ser una institución reconocida como referente en Sinaloa en materia de protección animal, Laika no cuenta con el respaldo oficial que garantice su continuidad.
¿Cómo es posible que una fundación de tal relevancia social deba recurrir a la caridad pública para subsistir? ¿Por qué el estado, que presume avances legislativos en materia de bienestar animal, no ha logrado establecer mecanismos claros de apoyo para estas organizaciones?
El caso de Laika también expone lagunas legales y administrativas que afectan a las asociaciones animalistas en México.
Aunque existen recursos etiquetados para la protección animal, como los mencionados por la diputada María Teresa Guerra Ochoa, la ejecución de estos fondos parece estar plagada de burocracia e incertidumbre.
Además, el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, reconoció la importancia de la labor de Laika, pero limitó su intervención a un llamado genérico para “conocer la problemática”.
Este tipo de respuestas, aunque diplomáticas, carecen de soluciones concretas. ¿Qué garantías tienen las organizaciones como Laika de que sus demandas serán atendidas antes de que sea demasiado tarde? ¿Es suficiente el marco legal actual para protegerlas de situaciones como esta?
La movilización ciudadana ha sido significativa, con campañas en redes sociales y donaciones que han visibilizado la urgencia del caso.
Sin embargo, la dependencia exclusiva de la solidaridad privada evidencia la falta de un sistema robusto de apoyo gubernamental.
No se trata solo de salvar a Laika, sino de reflexionar sobre el papel que deben jugar las autoridades en la protección animal.
Si bien se han dado pasos importantes en la legislación, como el reconocimiento constitucional de los derechos animales, estas normas pierden sentido si no van acompañadas de acciones tangibles. ¿De qué sirve un marco legal avanzado si las instituciones no están preparadas para implementarlo?
El tiempo corre en contra de Fundación Laika, y con ello, también corren riesgo las vidas de decenas de animales que dependen de su refugio.
Este caso no puede quedar en una anécdota más de abandono institucional; debe ser un parteaguas para exigir transparencia, claridad jurídica y compromiso real con la causa animal.
Laika no es solo una organización; es un espejo que refleja las contradicciones de una sociedad que aún no logra priorizar el bienestar de los más vulnerables.
Es hora de que las autoridades demuestren que la protección animal no es un discurso vacío, sino una convicción que se traduce en acciones concretas.
