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Gustavo Darwin Aguirre, anestesiólogo detenido en Baja California Sur, fue sentenciado a cuatro años de prisión por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de morfina, efedrina y fentanilo, con fines de suministro.
La sentencia se logró mediante un juicio abreviado en el que el médico aceptó su responsabilidad penal por el citado delito, luego que la Marina-Armada de México, detectó un paquete con droga en el Puerto de Pichilingue, Baja California Sur.
Con base en ello se hizo un cateo en el domicilio del médico, en la colonia El Tezal, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde se localizaron 27 ampolletas con fentanilo, una con morfina; tres más con efedrina y un frasco con delta-9-tetrahidrocannabinol (THC).
Con base en ello, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación y obtuvo datos de prueba para imputar al galeno quien, tras el hecho, inició una campaña para clamar su inocencia.
No obstante, al final solicitó una audiencia de procedimiento abreviado en la que aceptó su responsabilidad penal, por lo que el Juez dictó sentencia condenatoria de cuatro años de prisión por el delito mencionado.
Cabe mencionar que, de acuerdo a la penalidad, el Juez le otorgó beneficios sustitutivos de la pena de prisión, consistentes en trabajo a favor de la comunidad y una multa económica.
¿Qué dijo AMLO sobre el caso Gustavo Aguirre?
En agosto de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el gobierno no actuará en contra de Gustavo Aguirre, el anestesiólogo investigado por comprar fentanilo, en caso de que no haya cometido algún delito.
“La autoridad competente va a resolver, hay que tener confianza en eso, si no cometió un delito no tiene nada que temer porque no se cometen injusticias en el gobierno nuestro, aunque corresponda a la Fiscalía o al Poder Judicial que está en contra de nosotros casi por entero, de todas maneras aquí lo denunciamos si es una injusticia”, sostuvo.
El médico Gustavo Aguirre Castro, anestesiólogo con residencia en Los Cabos, Baja California Sur, denunció el 28 de julio que fue desalojado de su vivienda y era investigado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) tras comprar fentanilo, aunque aseguró que todo fue legal y que lo utiliza en su trabajo.
La situación desató protestas en Sonora, donde manifestantes demandaron a las autoridades dejar de criminalizar al gremio, ya que el fentanilo que usan para trabajar no es el mismo que se trafica y usa indebidamente.
Con información de El Financiero.
