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A partir del 1 de octubre de 2025, las instituciones financieras en México comenzaron a adecuar sus plataformas digitales para aplicar el Límite Máximo Transaccional del Usuario (LMTU), una medida que busca fortalecer la seguridad en operaciones electrónicas y reducir el número de fraudes bancarios. Esta disposición fue publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo.
Así lo indicó el doctor Sergio Enrique Beltrán Noriega, experto en temas fiscales y docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien dio a conocer que esta medida aplicará únicamente para personas físicas, quienes deberán establecer en sus cuentas el monto máximo que podrán transferir a terceros, ya sea por día o por mes; explicó que, en caso de no hacerlo, el sistema bancario asignará automáticamente un límite estándar de alrededor de 12 mil pesos.
Señaló que esta acción busca proteger al usuario ante el crecimiento de fraudes electrónicos y recordó que, en México, el uso de la banca digital ha aumentado significativamente, al igual que en Europa, donde las operaciones en efectivo son cada vez más reducidas. “Si alguien intenta hacer una transferencia no autorizada, topar el monto transaccional permite evitar pérdidas mayores”, puntualizó.
Además, explicó que esta medida no afectará las transferencias entre cuentas propias, sino únicamente los pagos o depósitos a terceros, como proveedores o servicios. Subrayó que el usuario podrá modificar el límite en cualquier momento, a través de la aplicación o portal de su banco, lo que permite mantener la flexibilidad financiera sin descuidar la seguridad.
Por último, Sergio Enrique Beltrán Noriega aclaró que, aunque la adecuación tecnológica inició en octubre de 2025, la medida entrará en vigor para los usuarios a partir de enero de 2026, otorgando un plazo para familiarizarse con los ajustes y recomendó a los cuentahabientes acudir a su banco de preferencia para conocer los mecanismos que cada institución ofrecerá y así definir el monto que mejor se adapte a sus necesidades financieras. “Es una medida preventiva que puede evitar muchos dolores de cabeza”, concluyó.
