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Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, regresa el miércoles al tribunal federal de Nueva York donde se le acusa de 17 cargos para una audiencia en la que se dirimirá un potencial conflicto de interés del abogado del capo, quien también representa a uno de sus hijos.
Mientras tanto, “Los Chapitos”, Joaquín y Ovidio Guzmán López, dos de los vástagos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, continúan negociando un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal de Estados Unidos, tal como trascendió una semana atrás en una vista celebrada en una corte de Chicago.
Tras dos audiencias -una en septiembre y otra en octubre- en Nueva York, y después de que la fecha fuera modificada en un par de ocasiones, Zambada vuelve mañana al tribunal donde, entre otros cargos, se le acusa de conspiración para asesinato, narcotráfico, pertenencia a empresa criminal (el Cartel de Sinaloa) y posesión de armas.
El caso en Nueva York contra “El Mayo”, prófugo de la justicia durante más de cuatro décadas y por cuya captura EU ofrecía 15 millones de dólares, fue actualizado en febrero y es el único que menciona el tráfico de fentanilo, el potente opioide que ha generado una crisis de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Así, Zambada podría afrontar la pena de muerte, a pesar de que ésta fue abolida en el estado de Nueva York en 2004, si el Gobierno considera que con su papel crucial en el Cartel de Sinaloa, actor principal en la crisis de sobredosis por fentanilo en EU, incurrió en delitos federales tan graves como asesinatos en masa o crímenes por terrorismo.
Sin embargo, en la sesión de este miércoles lo que se espera principalmente es que el juez encargado Brian M. Cogan se pronuncie sobre la petición de la Fiscalía para que revise un “potencial conflicto de intereses” por parte del abogado principal de “El Mayo”, Frank Pérez.
Y es que este letrado también representa al hijo del propio capo, Vicente Zambada Niebla alias “Vicentillo”, quien se ha desempeñado como colaborador activo de Estados Unidos.
En octubre, Cogan, que condenó a cadena perpetua a “El Chapo” en 2019 y a 38 años al exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García meses atrás, pidió “tiempo” para investigar esta posible incompatibilidad debido a la enjundia de la acusación: “Esto sería algo muy serio e importante, no puedo resolverlo en apenas dos días”, afirmó entonces el magistrado.
