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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- La Asociación de Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) acudió al Congreso del Estado para solicitar el respaldo de las y los diputados ante lo que consideran una ofensiva institucional por parte del rector Jesús Madueña Molina y el Consejo Universitario.
Florina García Borges y Olga Zazueta, secretaria y presidenta de la organización, indicaron que el motivo central es la propuesta de descontar entre el 5% y el 25% del salario a jubilados, y la amenaza de suspender pagos en caso de que estos interpongan demandas legales.
La propuesta de reingeniería financiera busca retener parte del ingreso de jubilados para financiar prestaciones de trabajadores activos recientes. Los afectados consideran esto una violación al artículo 14 constitucional y a derechos adquiridos mediante contrato colectivo.
Los jubilados denunciaron que el rector habría instruido a directores universitarios a proponer que quienes demanden judicialmente sean privados de su salario hasta que se resuelva el litigio, lo cual podría tardar años.
Los jubilados aseguran que no fueron convocados formalmente a la presentación de la propuesta de reingeniería, y que el evento fue una “simulación” con asistentes previamente alineados con la administración.
Se acusó al Suntuas académico y administrativo de actuar como “sindicatos charros”, alineados con la patronal y sin defensa real de los trabajadores.
Se cuestionó la legalidad del consejo, señalando que la Ley Orgánica aprobada en octubre de 2024 eliminó su existencia y estableció que los directores debían elegirse por voto secreto. Sin embargo, el rector se reeligió sin renunciar y bajo condiciones que los manifestantes califican de fraudulentas.
Se subrayó que muchos jubilados dependen completamente de su salario para medicamentos y sustento, y que hay cerca de 6,000 jubilados afectados, entre docentes y administrativos.
Los manifestantes pidieron que el Congreso del Estado, y en particular la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Tere Guerra, se pronuncien y actúen para frenar lo que consideran una política aberrante y violatoria de derechos humanos y laborales.
Solicitan que se garantice el respeto a sus ingresos, se detengan las amenazas, y se revise la legalidad de las decisiones del Consejo Universitario.
