Una jueza federal determinó que ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, lleven su proceso en libertad.
Lo anterior fue determinado por la jueza federal Raquel Ivette Duarte, con sede en Toluca, Estado de México, quien además les fijó tres medidas cautelares: pagar una garantía de 50 mil pesos, presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, además de la entrega de su respectivo pasaporte para evitar que salga del país.
Quienes se vieron beneficiados con esta medida son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Los ochos militares se encontraban presos desde junio del año pasado en la cárcel que se encuentra ubicada en el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, quienes estaban señalados por la autoridades federales por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas.
La resolución del caso Ayotzinapa es uno de los grandes pendientes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien finaliza su mandato en septiembre de 2024 y ha reconocido que es una de sus promesas incumplidas pese a defender los avances en la investigación.
La Comisión de la Verdad del Gobierno reconoció en 2022 que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles de Gobierno, incluyendo al Ejército, en complicidad con el crimen organizado.
Pero la polémica creció este año tras la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por denunciar obstrucciones de las Fuerzas Armadas en la investigación por el rol que tuvieron los militares.
Con información de López-Dóriga Digital