Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal). – Uno de los sectores más afectados por la inseguridad son los ladrilleros del municipio, afirmó la coordinadora del grupo parlamentario del PAN, Roxana Rubio Valdez, quien hizo un llamado urgente tanto al Gobierno del Estado como al Ayuntamiento de Culiacán para atender la grave crisis económica que enfrentan.
Durante la Diputación Permanente, la legisladora exhortó al gobierno municipal y estatal a incluirlos en el Programa de Apoyo Económico Emergente y en el de Equipa Sinaloa. Además, solicitó gestionar su incorporación al programa “Vivienda del Bienestar” del INFONAVIT, que contempla la construcción de 6 mil viviendas.
“La inseguridad ha generado una crisis económica profunda que, como hemos señalado en reiteradas ocasiones, amenaza con convertirse en una crisis humanitaria. El desempleo sigue en aumento, los negocios cierran y los esfuerzos del gobierno han sido insuficientes para reactivar la economía”, declaró la diputada.
De acuerdo con el líder del gremio, Raúl Zazueta, alrededor de 200 personas se dedican actualmente a la fabricación de ladrillos, lo que representa el sustento de igual número de familias, muchas de ellas en situación de marginación. Los talleres se encuentran en zonas como Loma de Rodriguera, Tepuche, Cucas, Alamitos y Los Mezcales.
La crisis de inseguridad también ha golpeado directamente a este sector, con el cierre de al menos 35 talleres debido a la falta de ventas. A pesar de haber reducido sus precios a menos de la mitad, el mercado inmobiliario y el sector de la construcción han sufrido una caída del 70 por ciento, generando un impacto alarmante en la economía del municipio.
“Los ladrilleros nos han solicitado intervención para visibilizar su situación. Exigen que se les incluya en los programas de apoyo económico, tal como se ha hecho con tianguistas, vendedores ambulantes y pequeños restauranteros. Necesitan apoyo urgente y herramientas adecuadas para continuar con su actividad”, agregó Rubio.
Además, han solicitado ser considerados dentro del programa de reactivación económica del Ejecutivo estatal a través de un convenio que les permita colocar su producción a precios justos.