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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 118/2022 y dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, porque una joven mujer de 27 años fue amputada de ambas piernas y le extirparon el útero, así como un ovario por un mal tratamiento y seguimiento inadecuado de un Dispositivo Intra Uterino (DIU), por parte de personal médico adscrito a dos unidades hospitalarias en el estado de Querétaro.
La CNDH determinó que los médicos del Hospital General Regional 1 y a la Unidad de Medicina Familiar 9 del IMSS, transgredieron los derechos a la protección de la salud, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, y dañaron el proyecto de vida de la joven paciente.
Al respecto, la recomendación advierte que el diagnóstico, así como el tratamiento y el seguimiento médico fueron inadecuados tras colocar un “DIU traslocado”, es decir, con mala posición, que generó una infección generalizada que la llevó a un paro cardiaco con 30 minutos de reanimación asistida.
Enseguida, la joven mujer sufrió un choque séptico (presión arterial baja y de alto riesgo), que derivó en la extirpación del útero, un ovario y la amputación de ambas piernas, refiere el comunicado de la CNDH.
“La queja fue presentada por la víctima y en ella señala que, en septiembre de 2018, acudió en al menos tres ocasiones a la UMF-9 debido a un dolor abdominal, diagnosticándole infección en vías urinarias y colitis, por lo que se estableció tratamiento sin solicitar estudios de laboratorio”, explica la recomendación dirigida al director del IMSS.
Luego, la mujer de 27 años acudió al área de gineco obstetricia en el HGR-1 para retirarle un DIU que se encontraba mal colocado, el cual fue extraído con pinzas y “sin realizar previamente” un ultrasonido o estudios de rayos X.
Incluso, la víctima regresó tres días después a la misma unidad médica familiar del IMSS por un dolor lumbar y los médicos especialistas determinaron, nuevamente sin hacer estudios de laboratorio, que se trataba de un diagnóstico de “lumbalgia aguda”.
“La situación de la víctima evolucionó desfavorablemente, por lo que se presentó en el área de urgencias de la UMF-9 y de ahí fue trasladada al HGR-1, donde ingresó por grave pérdida de sangre, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa”, sostiene la investigación de la CNDH.
En la integración del expediente, la CNDH acreditó que al llegar al HGR-1, la víctima se encontraba en una condición grave que ponía en riesgo su vida y que la pérdida de sangre se debió a una infección generalizada (sepsis), por lo que fue necesario proporcionar respiración mecánica, ser intubada y una transfusión sanguínea.
“Ante tales hechos, la CNDH solicitó al director general del IMSS que proceda a la inmediata reparación del daño, incluyendo el pago de una compensación económica suficiente; se procure a la víctima el acceso a programas sociales que le brinden oportunidades de desarrollo, y se le otorguen becas en favor de sus dos familiares directamente afectados. Se deberá proporcionar a las víctimas acreditadas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la atención psicológica y psiquiátrica que requieran por personal profesional especializado, de forma continua hasta que alcancen su sanación psíquica y emocional o máximo beneficio en su salud”, señala la recomendación y agrega:
“Además, el IMSS deberá otorgar a la víctima, de forma vitalicia, la atención médica que requiera como consecuencia de la discapacidad permanente y las secuelas que ésta le genere, y deberá proporcionar todos los dispositivos de prótesis requeridos que le permitan su desplazamiento adecuado. Asimismo, se deberá colaborar con el Órgano Interno de Control en el IMSS para que se tramite y dé seguimiento a la denuncia que se presentará en contra de las personas servidoras públicas señaladas como responsables, con el fin de que se generen las sanciones correspondientes”, sentencia la resolución de la CNDH.
(Con información de Proceso)
