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Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, se quedará en prisión preventiva por el caso Agronitrogenados, pese a que su defensa ofreció reparar el daño al erario público con 3.4 millones de dólares en bienes y dinero, pues el juez aceptó los argumentos de riesgo de fuga.
En el desarrollo de su comparecencia, el ex funcionario se declaró inocente de haber autorizado comprar el complejo en estado de chatarra, aún cuando busca reintegrar los fondos malversados a la Hacienda Pública. Según las investigaciones, la planta fue adquirida a sobreprecio y entre corruptelas que favorecieron a la empresa AHMSA de Alonso Ancira.
Vestido con el uniforme de la prisión, Lozoya Austin tomó la palabra e indicó que nunca se benefició de fondos ilegales y solamente fue utilizado por superiores jerárquicos en la administración pública encabezada por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Previo a la audiencia, la defensa de Lozoya dijo a medios mexicanos que ofrecerían al juez la entrega de hasta cinco millones de dólares en reparación del daño causado por dicha adquisición desde Pemex, donde se incluirían 1.6 millones de dólares por el proceso de Odebrecht.
El abogado Miguel Ontiveros Alonso calificó de ilegítima la prisión preventiva justificada dictada a Lozoya Austin, aunque también planteó que el ex director de Pemex no podría usar un brazalete electrónico.
El pasado miércoles 3 de noviembre, el juez federal Artemio Zúñiga dictó prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Esto como parte de una petición realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), actualmente encabezada por Alejandro Gertz Manero.
La solicitud de la FGR para que Lozoya permanezca en el Reclusorio Norte, fue apoyada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que consideraron que existe riesgo de fuga. Asimismo, el juez consideró procedente la prisión preventiva porque no se había concretado el criterio de oportunidad, recurso cuya cooperación con las autoridades permite penas menores o beneficios como la libertad condicional.
Tras la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para considerar como inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva justificada tomó relevancia por parte de la conversación dentro del máximo tribunal constitucional.
La medida cautelar de la que Emilio Lozoya fue acreedor, es definida por el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho (IIDEJURE) como una situación en la que se solicita al juez o jueza la imposición de prisión preventiva debido a que considera que otras medidas cautelares no son suficientes para “garantizar que el imputado tenga presencia en el juicio, para el desarrollo de la investigación, para la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por cometer un delito de forma intencionada”.
(Con información de Infobae)
