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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).-El ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres y los funcionarios que intervinieron en la compra de las luminarias por las que la Auditoria Superior del Estado encontró un daño patrimonial por 60 millones de pesos deberán regresar esos recursos a las arcas municipales porque es la única forma de solventar las observaciones.
La auditora superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, explicó que en muchos casos las observaciones no se pueden solventar con una explicación o un argumento, solo se puede hacer con el reintegro de los recursos que fueron observados y en esa situación se encuentra el ayuntamiento de Mazatlán.
“En este caso (del ayuntamiento de Mazatlán) entendiéndose que el procedimiento por el cual se hizo la adquisición de las luminarias fue irregular el pago es irregular y la única manera que tiene de atenderse es reintegrándose a la hacienda municipal esos 60 millones de pesos”, expresó.
En caso de reintegrarse los recursos a las arcas municipales, dependerá de la Fiscalía lo que suceda en el tema penal ya que la función de la ASE cumple con su función de presentar la denuncia y lo único que atiende de manera posterior es algún requerimiento de información.
Aclaró además que se está revisando al Comité de Adquisiciones del municipio y a todo el personal que haya participado en la compra de las luminarias, lo que podría dar lugar a una investigación por falta grave de quienes hayan participado en esa adquisición en caso de que la auditoría dictamine que no se solventaron las observaciones.
Félix Rivera señaló que el ayuntamiento de Mazatlán se encuentra en el tiempo de dar respuesta a las observaciones del informe emitido por la ASE respecto al contrato de las luminarias en donde se encontró un presunto daño por más de 60 millones de pesos.
“La auditoría se encuentra en espera de que respondan las autoridades del municipio para dictaminar si se solventa o no, aunque independientemente de eso ya está presentada la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía de Justicia porque los elementos fueron suficientes para presentarla en ese momento”.
La Auditora Superior del Estado reiteró que a la par está corriendo el plazo que vence el 18 de noviembre para que se atienda el informe individual por parte de las autoridades del municipio ante este presunto daño patrimonial por más de 60 millones de pesos.
