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Culiacán, Sinaloa.- Por unanimidad, diputadas y diputados aprobaron el proyecto de presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2023, el cual asciende a los 527 millones 374 mil 844 pesos.
Este presupuesto, de acuerdo a lo proyectado se desglosa en partidas para lo que son las funciones propias del Congreso del Estado, para la Auditoría Superior del Estado y pensionados y jubilados del poder Legislativo.
El desglose presupuestal es el siguiente:
-353 millones 733 mil 250 pesos para el Congreso de Estado
-161 millones 616 mil 553 pesos para la ASE
-12 millones 25 mil 41 pesos para jubilados y pensionados de esta institución.
En el proyecto presentado por la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Feliciano Castro Meléndrez, se resalta que para la elaboración del mismo se ajustó a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en lo que resultó aplicable en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Asimismo, en las disposiciones que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable, dado que consideró y agotó las fases de planeación, programación y presupuestación que establece la Ley, al instituir las acciones estratégicas y los objetivos para determinar el programa presupuestario necesario para el cumplimiento.
De igual manera, aplicó en el marco de la función del Congreso del Estado de Sinaloa, la técnica de presupuesto orientado a resultados, considerando los recursos humanos y materiales, así como las obras, servicios y actividades a realizar, y efectuó la estimación financiera anticipada anual de los egresos necesarios, considerando la disponibilidad de recursos y el establecimiento de prioridades.
Se puntualiza que el presupuesto satisface los criterios de austeridad, disciplina y racionalidad, cuyo cumplimiento en el ejercicio del gasto será vigilado por el Órgano Interno de Control, por los órganos de Fiscalización Superior (Auditoría Superior del Estado y Auditoría Superior de la Federación y por la propia Junta de Coordinación Política.
