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Una demanda por 100 millones de dólares fue presentada el pasado 30 de marzo en la Corte de Miami contra Shakira, según reveló el paparazzi Jordi Martin en el programa El Gordo y La Flaca. El denunciante es un hombre octogenario residente en California que acusa a la cantante de presunto fraude, incumplimiento de contrato y explotación de persona mayor.
De acuerdo con el documento legal, el hombre asegura haber entregado cerca de $140,000 dólares para cubrir gastos de hoteles, emergencias médicas familiares, y otros $3,500 para un supuesto viaje de la artista a Cuba. Además, afirma que Shakira le firmó un contrato para publicar juntos un libro de memorias y realizar una gira internacional con 100 conciertos.
Sin embargo, todo apunta a que el denunciante habría sido víctima de una estafa prolongada. El abogado Carlos González indicó: “Nunca he visto algo semejante. Vemos una demanda de un señor que dice que conoció a Shakira en redes, pero se ve que no es la Shakira de verdad. Cuando uno habla con alguien famoso, tienen el cheque azul de verificación.”
El especialista en leyes también señaló que las imágenes presentadas por el denunciante “son con una Shakira que puede ser cualquiera de nosotros que abra un Facebook y ponga ‘Yo soy Shakira’.”
Según el periodista, entre las pruebas exhibidas se incluyen capturas de pantalla, mensajes de texto, una supuesta licencia de conducir de Shakira, boletos de avión, una tarjeta de regalo de 500 euros, correos electrónicos y una carta donde reclama el incumplimiento del contrato.
El equipo legal de Shakira respondió a la demanda con una petición para desestimarla por completo, argumentando que el proceso judicial fue iniciado de forma incorrecta. “No dijeron: ‘Esto no fue Shakira, nosotros no tenemos nada que ver con esto’, solamente defendieron que el proceso que tomaron para abrir el caso fue incorrecto”, explicó Martin.
Consultados por la emisión televisiva, la defensa de la barranquillera afirmó que “su cliente está asombrada con esta demanda”, y confirmaron que este jueves tendrá lugar la primera audiencia en la Corte de Miami.
El polémico caso plantea serias preguntas sobre la vulnerabilidad de adultos mayores ante fraudes digitales y la facilidad con la que se puede suplantar la identidad de figuras públicas en redes sociales.
