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Autoridades mexicanas han detenido en dos días a 27 indígenas por bloqueos en una carretera que conecta al estado de Sonora con Arizona, Estados Unidos, en medio de la presunta presencia del crimen organizado.
Un operativo judicial liberó por la fuerza la carretera federal México 15 de los bloqueos en territorio yaqui, donde indagan la infiltración de grupos criminales entre los indígenas, quienes llevan más de 10 años cobrando por transitar por su territorio en Sonora.
Los detenidos están acusados del delito de obstrucción a las vías generales de comunicación, que se castiga con hasta siete años de cárcel.
Esta es la primera vez en 10 años que las autoridades federales y del Gobierno de Sonora actúan para retirar a los yaquis, quienes luchan por los recursos naturales y el reconocimiento de su territorio.
Los indígenas están acusados de obligar a los conductores a pagar una cuota de entre 50 a 200 pesos para permitirles transitar en su territorio.
Las protestas de los indígenas han arreciado desde la noche del martes por la detención de Oliver, un joven yaqui de 22 años señalado por estar armado con una solera de 46 centímetros para amenazar a los choferes y cobrarles en la carretera.
Por las manifestaciones, hubo seis detenidos, incluyendo dos menores de edad.
Los operativos se extendieron a Vícam Switch, capital de los ocho pueblos que conforman la nación Yaqui que habita entre los municipios de Guaymas y Cajeme, en el sur de Sonora, donde hubo otros 21 indígenas, a quienes les aseguraron vehículos.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, recordó que en el tiempo que han persistido los bloqueos carreteros en territorio Yaqui, presuntamente han intervenido en este conflicto fuerzas del crimen organizado.
“El día de hoy continuamos con los operativos para liberar la carretera federal 15 en Sonora de diversos bloqueos que se han presentado a lo largo de más de una década”, indicó el mandatario.
Añadió que se han decomisado “armas de alto poder, un vehículo con blindaje artesanal, drogas y dinero”, por lo que no descartan “ninguna línea de investigación”.
Desde hace un año, cuando ocurrió el asesinato del activista indígena Tomas Rojo Valencia, líder del movimiento ciudadano en defensa del agua, la Fiscalía de Justicia informó que la principal línea de investigación era la injerencia de grupos criminales en los bloqueos carreteros.
Actualmente, autoridades estatales y federales junto a la Guardia Tradicional que conforman los gobernadores de los ocho pueblos yaquis, trabajan en el “Plan de justicia para los pueblos indígenas” que prometió el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para resolver sus reclamos históricos.
(Con información de López Dóriga Digital)
