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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- Las diputadas Paola Gárate Valenzuela (PRI) y Roxana Rubio Valdez (PAN) alzaron la voz en la tribuna del Congreso de Sinaloa para denunciar la creciente crisis de desapariciones en Mazatlán y exigir acciones urgentes por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Ambas legisladoras coincidieron en que el principal factor detrás de las desapariciones en Sinaloa es la impunidad. De acuerdo con el diagnóstico de justicia penal elaborado por la organización México Evalúa, el 84% de estos delitos quedan sin castigo en el estado.
“Donde la impunidad manda, el crimen aprende que puede y repite. La ley se vuelve una promesa vacía”, señaló Gárate Valenzuela.
La diputada del PRI lamentó que la búsqueda de personas desaparecidas esté marcada por la ineficiencia institucional, obligando a madres, familiares y colectivos a asumir tareas que corresponden al Estado. Subrayó que la desaparición del joven Carlos Emilio, turista originario de Durango, es un caso emblemático de esta crisis.
“Vinieron a Mazatlán a celebrar un cumpleaños y encontraron tragedia. Durango hoy también busca en Sinaloa. Y no es un caso aislado”, advirtió.
Gárate Valenzuela denunció que el lugar donde Carlos Emilio fue visto por última vez pertenece al actual secretario de Economía del Gobierno del Estado, Ricardo Velarde, lo que agrava la exigencia de transparencia. Propuso tres medidas concretas.
“Que el secretario de Economía entregue toda la información operativa del establecimiento, que se auditen las cámaras públicas y privadas del perímetro con respaldo técnico y que se investigue por qué no hay registros útiles del C4 en la Zona Dorada”.
Por su parte, la diputada Roxana Rubio Valdez alertó sobre el impacto de la inseguridad en el turismo, principal motor económico de Mazatlán.
“Un destino sin seguridad es un destino sin futuro. Si los turistas asocian Mazatlán con desapariciones, estamos ante un posible colapso”, afirmó.
Rubio Valdez exigió operativos en bares, restaurantes y centros nocturnos para detectar irregularidades, así como protocolos efectivos para proteger a jóvenes y visitantes.
Señaló que el miedo y la violencia no solo afectan a las víctimas, sino que destruyen aulas, negocios y familias enteras.
Ambas legisladoras hicieron un llamado firme a las autoridades para que asuman su responsabilidad, actúen con transparencia y garanticen justicia para las víctimas y sus familias.
