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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- La 65 legislatura del Congreso de Sinaloa aprobó endurecer las penas contra quienes realicen actividades de espionaje o vigilancia contra elementos de seguridad pública en la entidad, llamado halconeo, así como considerar como agravantes la utilización de menores de edad, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
Durante la sesión ordinaria de este martes, las y los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión de Justicia que propone modificar el artículo 293 Bis del Código Penal estatal para ampliar las conductas delictivas relacionadas con la interferencia en las labores policiales.
La propuesta promovida por el grupo parlamentario de Morena tiene por objeto fortalecer la regulación del delito de halconeo en el Código Penal para el Estado, a fin de sancionar de manera más efectiva la vigilancia, acecho o transmisión de información que favorezca a grupos delictivos y obstaculice la labor de las instituciones de seguridad pública, incorporando nuevas modalidades delictivas.
Se incorpora el uso de tecnologías en esta actividad ilegal, como la instalación de sistemas de videovigilancia no autorizados para monitorear operativos policiales, el cual de acuerdo con nuestro sistema jurídico, está en consonancia y por tanto se trata de un objeto constitucional y legalmente válido.
La reforma busca sancionar a quienes acechen, vigilen o proporcionen información sobre actividades oficiales o personales de servidores públicos de instituciones de seguridad, particularmente cuando estas acciones tengan como objetivo entorpecer sus funciones o evitar la captura de delincuentes.
Un punto destacado del dictamen es la inclusión de una agravante que incrementaría hasta en un 50 por ciento la pena para quienes utilicen induzca u obliguen a menores de edad, personas adultas mayores o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo.
La reforma aprobada en el pleno tiene como finalidad que las instituciones encargadas de la seguridad pública puedan ejercer sus funciones sin interferencias que pongan en riesgo su integridad y efectivo desempeño.
Según el Código Penal actual, pueden ir de los 4 años seis meses hasta los 15 años de prisión, además de multas económicas que van de los mil a los 2 mil días de salario de los imputados.
