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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, firmó un decreto en donde hace oficial la expropiación de un millón 93 mil 118 metros cuadrados para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, obra prioritaria del Gobierno de la Cuarta Transformación.
Dicho decreto fue publicado en la edición vespertina de este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se detalló que la expropiación se llevará a cabo en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, en el estado de Quintana Roo.
“Se expropia por causa de utilidad pública una superficie total de 1,093,118.93 m2 (un millón noventa y tres mil ciento dieciocho punto noventa y tres metros cuadrados) a favor de la Federación para la ejecución del tramo 5, subtramos norte y sur del Proyecto Tren Maya, correspondiente a treinta y seis inmuebles de propiedad privada”, se lee en el documento.
La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los propios terrenos y que formen parte de ellos.
A partir de la entrada en vigor de este decreto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procederá a la ocupación inmediata de los bienes materia de esta expropiación, además de que cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
El presidente López Obrador decretó al Tren Maya como una obra de seguridad nacional, luego de que un juez de Distrito con sede en Yucatán decretara una suspensión definitiva contra la obra, en atención a amparos de buzos y ambientalistas integrados en el colectivo Sélvame del Tren.
El Tren Maya es uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador, con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos (unos 10 mil millones de dólares), para construir más de mil 500 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En los últimos meses, activistas han obtenido amparos y han exigido al Gobierno suspender el tramo 5 por haber provocado la tala de miles de árboles, contaminar ríos subterráneos y dañar patrimonio natural y arqueológico.
(Con información de López-Dóriga Digital)
