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Culiacán, Sinaloa.- En el auditorio de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS con estudiantes, maestros, así como servidoras y servidores públicos a través de la plataforma Zoom, se llevó a cabo el panel “El Papel de la Sociedad en los Avances en Materia de Transparencia”, organizado por la CEAIP, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo, evento desarrollado en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información.
En la bienvenida, el presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, José Luis Moreno López, hizo un recuento de la Ley de Transparencia en Sinaloa desde sus inicios e indicó que el promedio diario de solicitudes de información era de apenas 6, cantidad muy distante de las 60 solicitudes que se reciben por día en la actualidad.
Agregó que de las 16 mil 529 solicitudes de información pública que van en el año, el 7 por ciento son recurridas ante el organismo de transparencia por los solicitantes que se inconforman con la entrega o falta de entrega de información y enfatizó que el 75 por ciento de esos recursos de revisión presentados, el Pleno de CEAIP los resuelve a favor de que las entidades públicas entreguen información a los solicitantes.
“Queremos que el derecho a saber sea un derecho vivo, actuante y reclamado por las y los ciudadanos con la gran responsabilidad de solicitar información que les sea útil en lo personal, en su casa, su lugar de estudios y en la comunidad donde residen para avanzar en sus conocimientos y tomar mejores decisiones y que mejoren su calidad de vida”, manifestó.
Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Subsecretaria de Transparencia y Contraloría Social, en representación de María Guadalupe Ramírez Zepeda, Secretaría de Transparencia de Gobierno del Estado, dijo que la ciudadanía se interesa cada vez más por conocer el quehacer gubernamental a través de la transparencia.
Afirmó que ante ese interés, el gobierno que encabeza el Dr. Rubén Rocha Moya cuenta con toda la disposición de abrir las puertas e informar sin obstáculos sobre lo que están haciendo con los recursos públicos, partiendo de una convicción genuina de que la ciudadanía sea el centro y el fin de toda acción gubernamental.
Por su parte el Director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, Yasser Orlando Espinoza García, destacó que CEAIP es uno de los organismos necesarios para garantizar en Sinaloa la democracia a través de la transparencia.
Agradeció que se les lleve este tipo de eventos a los alumnos de la Facultad, como una actividad que forma parte del convenio establecido entre CEAIP y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El panel fue moderado por el Comisionado de CEAIP, José Alfredo Beltrán Estrada. La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega presenció la actividad a través de Zoom.
La expositora Paola Palacios Brun, Coordinadora de Asuntos Internacionales de Transparencia Mexicana, advirtió que si el derecho a la información no se reclama o no se usa, solo se queda en la ley bien escrito pero no se acciona.
Por lo anterior, invitó a estudiantes, académicos y a la sociedad civil a que utilicen este derecho, lo hagan suyo y cuestionen si las excepciones a la ley que manifiestan en las entidades públicas para evitar dar información, son realmente válidas y se utilizan de forma correcta.
“Aboguemos desde la sociedad civil para que la información sobre el manejo de los recursos públicos sea transparente, se rindan cuentas y se cumpla con la mejora de la calidad de vida de las personas”, externó.
Se pronunció también porque las leyes de transparencia sean aplicadas y mejoradas para que el acceso a la información sea realmente ciudadano, es decir, entendible y accesible, con pertinencia cultural hacia sectores vulnerables como los grupos étnicos.
En tanto que Marlene León Fontes, Directora Iniciativa Sinaloa A.C, reconoció que se han logrado grandes cambios en el renglón de la transparencia, pero no han sido suficientes, pues aún existe resistencia por parte de las entidades públicas para entregar información, además de que los procesos para la obtención de ésta necesitan ser simplificados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Como parte de los avances, citó la creación de uno de los 3 Micrositios de Gobierno Abierto Sinaloa que consiste en el Monitoreo de los casos de corrupción que se encuentren en trámite de las autoridades responsables, en el que analizan, tocan y se ha dado seguimiento al tema a profundidad, como parte de los ejercicios del mecanismo de cocreación entre sociedad y gobierno que cuenta con otros 2 compromisos.
“Si uno se apropia del acceso a la información pública puede hacer que las cosas caminen porque este derecho tiene que ir de la mano con la voluntad cívica, la voluntad de sociedad civil y gobierno para que exista una real democracia y que el recurso público llegue a los destinatarios, y las personas gocen realmente de los beneficios como obras o servicios públicos que mejoren su calidad de vida”, detalló.
Por su parte Ángel Leyva Murguía, Director de Investigaciones de Mexicanos Primero Capítulo Sinaloa, dijo que es muy importante contar con Leyes de Transparencia y afirmó que las resistencias van a persistir, pero el acceso a la información es un derecho como tal y la transparencia forma parte de los mejores gobiernos y comunicar e informar es una de sus tareas.
Señaló que varios análisis elaborados por la organización que preside han sido posibles gracias al acceso a la información pública, mismos en los que se detectaron inconsistencias en fondos y programas del sector educativo, así como un desaseo administrativo a nivel nacional en la plantilla de docentes, lo que dio lugar a que el gobierno desarrollara un censo en todo el país.
“El hecho de que la sociedad participe y que se conozcan las herramientas del acceso a la información, definitivamente va a abonar a que haya más transparencia como base para la rendición de cuentas y con ello una mayor democracia; hay mucho por hacer, pero sí reconocemos los avances”, mencionó.
En su intervención, el Director de Observatorio Ciudadano Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro, explicó que una de las dificultades del proceso de acceso a la información es el cambio o movilidad de quienes tratan el tema de transparencia por término de periodos gubernamentales.
Señaló que ante la problemática detectada, hicieron un planteamiento al Sistema Estatal Anticorrupción de que se implemente el servicio profesional de carrera para evitar que un servidor público una vez que aprendió, sea sustituido y eso provoque una pérdida de tiempo en los procesos de la curva de aprendizaje.
Consideró que en materia de transparencia en Sinaloa se ha hecho lo suficiente pero todavía “nos falta y nos falta mucho por hacer” y para eso es importante la participación y el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos.
David Moreno Lizárraga, Presidente de Parlamento Ciudadano Sinaloa, manifestó que es importante que se mantenga la demanda ciudadana sobre el acceso a la información pública y que se haga una simplificación de los procesos de obtención de la misma a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Hizo énfasis en que se realicen de manera adecuada los procesos de entrega-recepción en los cambios de gobierno y señaló también la necesidad de que se implemente la Ley de Archivos para que la información esté disponible, sistematizada y se pueda ejercer correctamente el Derecho a Saber.
“Yo creo que se ha avanzado en este tema (transparencia), pero las limitaciones, los hechos de corrupción y la persistencia de esas prácticas que todavía rodean el ejercicio del recurso público, nos hablan de que todavía falta mucho por hacer”, expresó.
Sobre el tema, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública refrenda el compromiso de trabajar todos los días a favor de la transparencia, haciendo efectivo el Derecho de Acceso a la Información con la resolución continua de recursos de revisión, los trabajos de Obligaciones de Transparencia, las denuncias, la capacitación a servidoras y servidores públicos para mejorar la efectividad de sus respuestas y la socialización del Derecho a Saber con la ciudadanía en los distintos sectores sociales.
