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Luisa María Alcalde, titular de Gobernación (Segob), advirtió este martes de la intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la prisión preventiva de oficio, lo que según sus cifras conllevaría a la posible liberación de 68 mil delincuentes que se encuentran bajo esta situación.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Alcalde Luján apuntó que la Corte, además de extralimitarse en sus funciones al pretender convertirse en el “poder de los poderes”, tomaría una decisión “sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”.
“Vamos a exponer una preocupación que mantenemos en el Gabinete de seguridad respecto a una decisión próxima en las próximas semanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión preventiva de oficio. Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país. Por ello, es que el viernes pasado el Gabinete de Seguridad le envió una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones.
Y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy”, indicó.
“Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, siete mil 150 acusados de secuestro, cinco mil 617 de violación, cuatro mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores, y 405 por delincuencia organizada”, argumentó.
La secretaria de Gobernación apuntó que próximamente la Suprema Corte discutirá la invalidación de la prisión preventiva oficiosa, contenida en el Artículo 19 de la Constitución, ordenando a los juzgadores federales su inaplicación.
¿Qué se va a discutir en las próximas semanas? La Suprema Corte está proponiendo invalidar el Artículo 19 constitucional y ordena a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio”, expuso.
“Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que -como sabemos- es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos, en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes incluyendo la Constitución para eliminar la prisión preventiva”, subrayó.
“Aunque esta resolución por parte de la Corte Interamericana obliga a todo el Estado mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta otras instituciones, una cuestión obvia sería el Congreso de la Unión quien debería analizar la posibilidad de estas modificaciones”, declaró.
Alcalde Luján advirtió a la Corte que ningún país u organismo extranjero le pueden ordenar a México modificar su Constitución, y les ordenó a los ministros que defiendan la Carta Magna.
“Ningún Estado, Gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político, ni su forma de Gobierno, hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia. ¿Y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseguró esta mañana en el Salón Tesorería.
Con información de López-Dóriga Digital
