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El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que dos grupos empresariales —identificados con las siglas GC y GHC— acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con diversas entidades públicas, principalmente electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de varios estados, de 2014 a 2026, reporta El Universal.
En el marco de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, expuso que gracias a labores de inteligencia de la ASF se detectó que, de ese monto, 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales. Al INE corresponderían contratos con estas dos empresas por 430 millones de pesos, es decir, 11.3% del total.
“En los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas (…) Estas investigaciones se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso”, dijo.
El auditor reiteró que se ha iniciado una investigación de oficio respecto de irregularidades relacionadas con el INE.
“Esta investigación comprende también a todos los organismos públicos locales, electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos. Se identificó que proveedores de una empresa analizada trabajaron con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21.3 millones de pesos, y otra de estas empresas se encuentra suspendida del padrón de proveedores”.
Adicionalmente, se observaron elementos relevantes sobre la estructura y operación de estas empresas, tales como operaciones entre sociedades de los mismos grupos, es decir, la empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados. Se detectaron registros laborales reducidos o nulos, es decir, empresas que a pesar de facturar cientos de millones cuentan con menos de cinco trabajadores y en algunos casos, ninguno.
Otra línea de investigación gira en torno a posibles barreras que establecen una competencia desleal para garantizar la adjudicación de los contratos, incidiendo en los precios y en las condiciones en menoscabo del patrimonio público.
“Estamos realizando un estudio pormenorizado para identificar los orígenes de estas conductas desde los primeros años en que se establecen las operaciones relacionadas con los organismos electorales y estos mismos grupos empresariales con la finalidad de combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones”.
De acuerdo con el informe, los OPLE que han signado contratos con estas empresas son el de Veracruz, con 484.4millones de pesos; Oaxaca, 370.3 millones; Coahuila, 306.3 millones; Puebla, 286.6 millones; Nuevo León, 253.9 millones; Baja California, 223.3 millones; Aguascalientes, 211 millones; Estado de México, 163.7 millones; Jalisco, 159.5 millones, y Yucatán, 151.1 millones.
El pasado 24 de octubre, El Universal dio a conocer que la ASF abrió una investigación de oficio en contra del INE por probables daños al erario por más de 66.5 millones de pesos que le fueron observados desde el año pasado y no logró solventar, además de diversas irregularidades que incluyen pagos a personas fallecidas, contratos con empresas fantasma o de reciente creación, así como contratos otorgados a funcionarios públicos en activo.
Entre los hallazgos de la auditoría que se hará pública en febrero de 2027, y a la que tuvo acceso El Universal, destacan contratos con empresas fantasma o de reciente creación. La ASF detectó que, con el presupuesto de 2025, el INE otorgó más de 21 millones de pesos en contratos a 10 empresas que tenían menos de un año de haber sido constituidas.
La indagatoria revela casos graves de conflicto de interés, toda vez que se detectó que 57 personas físicas obtuvieron contratos del INE al mismo tiempo que ejercían como funcionarios activos.
De igual forma, se descubrió que 131 proveedores del INE omitieron publicar sus opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y pese a ello se les continuó dando contratos.
Acumulan 5 compañías 77% de gasto en OPLE
El contralor del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, aseguró que, en los últimos 15 años, 77% del monto total de los contratos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) han sido otorgados a un grupo de empresas que “han concentrado 2 mil 461 millones de pesos”.
Reiteró que las empresas son Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas finas y materiales y Seriplast de México.
Esta última empresa fue una de las principales proveedoras de la anterior administración del INE. Seriplast comenzó a formalizar contratos con el INE desde el año 2015, y entre 2011 y 2016 en el IFE formalizaron contrataciones con Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.
“Hay otra empresa, Plásticos y Metales MYC S.A. de CV., desde 2003 esa empresa ha obtenido contratos con el entonces IFE y el ahora INE por un monto acumulado de 150 millones de pesos. Casualmente participa con la empresa que nosotros ya fiscalizamos, con JVLY, es decir, hay una relación de muchos años atrás”, reiteró.
El contralor reveló que son 20 los OPLE que han tenido contratos con estas empresas, siendo éstos los órganos electorales de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
“Este no es un asunto estricto del INE, es un asunto de todos los órganos electorales”, insistió Carvente Contreras.
Los accionistas y apoderados o representantes legales de las empresas involucradas en actos de corrupción son José Alfredo Hernández Casillas, Raymundo Francisco Hernández Casillas, Patricia Velázquez Sánchez, Tatiana Patricia Hernández Velázquez, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, José Antonio Carranza Fernández, José Antonio Carranza Sordo, Alejandro Olaya Ortiz, Guillermo Marc Arciniega Kunts, Raquel Alejandra Fernández Ibargüengoitia, César Rodríguez Ureña, Omar Salvador López Sánchez y Laura Velázquez Sánchez.
“Todos estos apoderados y accionistas se repetían en tres o cuatro de las cinco empresas”, informó el contralor.
Al término de su comparecencia, Carvente Contreras aseguró que en 18 meses “hemos hecho más recomendaciones que en seis años en la anterior gestión”.
