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La eliminación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fue aprobada por el bloque oficialista de Morena, PT y Verde Ecologista en la Cámara de Diputados, para en su lugar crear el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti).
Con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones, la mayoría parlamentaria en la cámara baja se impuso, pese al llamado de miembros de la comunidad científica y de la oposición por no apresurar la discusión de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que desaparece al Conacyt. La ley aprobada, y que aún debe pasar en el Senado, prevé que las becas priorizarán a investigadores de universidades públicas.
Durante el debate, diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, criticaron que la reforma contempla la centralización y control de los proyectos de investigación. La oposición en San Lázaro manifestó que se atenta contra la libertad de investigación y se promociona un adoctranamiento de la ciencia por parte de Morena.
El diputado del PAN, y exdirector del Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, acusó a Morena y sus aliados de desperdiciar una oportunidad de consenso con la comunidad científica para generar una Ley de Ciencia que realmente impulsara la innovación.
“Una ley que no tutela la innovación, la propiedad intelectual, los centros públicos, no puede ser el proyecto al que estamos esperando”, expresó.
La diputada por el PRI, Cynthia López Castro, acusó al bloque mayoritario de aprobar una ley que viola la libertad de investigación.
“Es vergonzoso que lo único que pedía la comunidad científica es que se les diera el 1% del presupuesto y ni eso pudieron darles”, señaló la legisladora a tribuna.
Su compañero de bancada, Brasil Acosta Peña, hizo un llamado a la comunidad científica a hacer un frente a favor de la ciencia, luego de que se acusara por parte de la oposición de que el proyecto no pasó por el debido proceso.
La diputada del PRD, Olga Luz Espinosa, señaló a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, promotora de la ley, de impulsar el conflicto de intereses al integrar al sistema nacional de investigadores a su mamá y al actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
En favor del dictamen, la diputada del PT, Ana Karina Rojo Pimentel, aseguró que el dictamen reivindica el carácter humanista y el quehacer científico y tecnológico.
Contrario a la queja de la comunidad científica, la legisladora petista dijo que se escuchó a las minorías al argumentar que hubo 276 modificaciones, incluso, aseguró que tuvo el consenso de la comunidad. Minimizó la postura en contra de la oposición y advirtió que, como grupo mayoritario harán uso de sus votos.
“Están enojadas las empresas trasnacionales a quienes corresponde la oposición, que resultaron beneficiadas con los recursos públicos de Conacyt. Aunque les duela, vamos a ejercer nuestra mayoría”, posicionó. El diputado de Morena, José Miguel De la Cruz Lima, aseguró que la iniciativa tiene el objetivo de crear ciencia para el bienestar social y no “llenarse los bolsillos”, responsabilizando a administraciones pasadas de beneficiar a empresas extranjeras como IBM y Volkswagen.
“Ustedes le pagan a extranjeros, pero no le pagan a nacionales. Ustedes ven negocio en la ciencia. Gracias a esta iniciativa se va lograr que tengamos una ciencia social”, señaló.
La iniciativa refiere que desde las administraciones de los e presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se ejecutó una política que pretendía satisfacer las necesidades de investigación de las empresas privadas.
En lo que respecta a la creación de fideicomisos y transferencia de recursos públicos, señala que, de 2001 a 2018, bajo el supuesto fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, el Conacyt transfirió a empresas privadas más de 45 mil millones de pesos, es decir 42% del total de recursos destinados al financiamiento de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en ese periodo, y que en su mayoría, eran a grandes empresas nacionales y transnacionales que no requerían el apoyo del Estado.
(Con información de Excélsior)
