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Una nueva polémica se cierne sobre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Y es que modificó su Código de Ética para que empleados de la institución, prestadores de servicio e incluso solicitantes de apoyo, se abstengan de “emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt”.
En caso de incumplir, podrían ser denunciados ante el Órgano Interno de Control, el área que vigila la actuación de los servidores públicos e impone sanciones administrativas, así lo revelaron trabajadores del Consejo al portal Animal Político.
Patricia Juan, abogada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracatedras), aseguró que se trata de una “mordaza, una violación a la libertad de expresión y manifestación”, por lo que investigadores preparan un amparo contra el nuevo lineamiento.
El Consejo envió el código con los nuevos lineamientos que limitan la expresión a los correos institucionales de todos los involucrados con la institución el pasado 30 de septiembre, el mismo día en que los investigadores del programa Cátedras Conacty encabezaron protestas en todo el país en demanda de mejoras salariales.
También recibieron una carta compromiso que los trabajadores deben de firmar para asegurar su cumplimiento.
“Este Código es una forma de decirles ‘o te callas o habrá sanción y hasta rescisión de contrato’”, afirma Patricia Juan en entrevista con el medio.
En el Código de Ética, en el apartado “Identidad institucional”, el Conacyt les pide que sean “prudentes al emitir opiniones en tus redes sociales y procura preservar la integridad de la imagen institucional”.
También se les prohíbe dar entrevistas, por lo que las peticiones deben enviarlas al área de comunicación social. “Las solicitudes de información susceptible de ser publicada en medios de comunicación al área de comunicación social, ya que es el área competente para hablar en nombre del Conacyt”.
Otro de los puntos es “abstenerse de publicar y de denunciar a la ciudadanía información por escrito o en formato electrónico, así como de pronunciar discursos, conceder entrevistas o hacer apariciones públicas en nombre o como representante del Conacyt sin la autorización del área de comunicación social”.
Estas nuevas disposiciones aplican para “todas las personas que desempeñen algún empleo, cargo o comisión en el Conacyt, incluyendo a los trabajadores del Conacyt, de las empresas que prestan al Conacyt el servicio de limpieza, vigilancia, recepción, comedor y cualquier otro, así como los grupos de evaluación de proyectos susceptibles de apoyo”, advierte el documento en poder del medio.
Además, establece que toda persona que tenga información referente al incumplimiento, “podrá hacerlo del conocimiento del Comité de Ética”, que podría emitir recomendaciones al respecto y “en caso de que estime que existe una responsabilidad administrativa, lo comunicará de forma oficial al Órgano Interno de Control”. Incluso, las denuncias pueden ser interpuestas de forma anónima.
El documento está firmado por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, donde afirma que en el pasado, “la administración pública sucumbió ante grupos de poder y se colmó de personas que pervirtieron el servicio público y antepusieron sus intereses particulares al interés general. La corrupción triunfó sobre la ética pública. El Conacyt no fue la excepción”.
Por eso es que “ahora recae en nuestro hombros la gran responsabilidad de poner la administración pública al servicio del pueblo, de velar en todo momento por el interés general y devolver al servicio público la dignidad perdida. Todo ello solo puede realizarse sobre la base de principios éticos y convicciones firmes, bien arraigadas y ampliamente compartidas”.
Edgardo Sepúlveda, catedrático del Conacyt, aseguró que el nuevo código de ética lo deja “molesto y temeroso” porque en su experiencia laboral en México, Alemania y Estados Unidos, es la primera vez que enfrenta una petición semejante.
“Somos científicos que sufrimos las decisiones políticas a nivel laboral y ciencia y ahora resulta que uno como empleado del Conacyt no puede criticar políticas que nos afectan”, por eso, dice, tiene un “dilema moral de si es ético firmar ese código”.
Señaló que cuando otros compañeros respondieron al correo solicitando más información, la respuesta fue que el Código aún debía ser validado por otra área para poder ser firmado. “Es demasiado confuso. Yo quisiera que Conacyt nos dijera las cosas claras, de forma ordenada, no procesos improvisados”, afirmó
El medio señaló que buscó el posicionamiento del Conacyt, pero no obtuvo respuesta.
Esto ocurre en medio de la denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 investigadores por un presunto desvío de recursos en el Foro Consultivo, por lo que los acusó de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Varios de ellos ya han asistido a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para conocer la carpeta de investigación en su contra, por lo que se han reservado su derecho a declarar.
(Con información de Infobae)
