Fiscal Gertz violó la presunción de inocencia de Rosario Robles, determina juez

Un tribunal colegiado determinó que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sí violó el debido proceso en el caso contra Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social.

El Noveno Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal de la Ciudad de México consideró que el fiscal Gertz Manero emitió opiniones sin fundamento jurídico, que atentan contra la presunción de inocencia de la ex funcionaria.

Fue en agosto de 2020 cuando Gertz Manero participó en un evento académico público organizado por El Colegio de México y dijo que si Emilio Lozoya recibía un trato diferente al de Rosario Robles era porque él sí aceptó los cargos y decidió cooperar con la autoridad

“Es muy sencillo, este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial por unos 400 millones de pesos, él lo está presentando, él está acudiendo.

En el otro caso (el de Robles) no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país, por favor, por favor, es decir la jerarquía de daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra”, apuntó en aquella ocasión.

Tras las declaraciones la defensa de Rosario Robles denunció que el fiscal violó el derecho de la exfuncionaria a la presunción de inocencia y al debido proceso al presumir que ella está en prisión por “no ser solidaria con el Estado”.

Para esta defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía.

“Antes eran tehuacanazos, hoy es prisión. Pareciera que Robles está privada de su libertad por no querer colaborar con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito”, defendió.

Los magistrados del Noveno Tribunal determinaron que fue correcta la sentencia emitida en septiembre de 2021 por el juez tercero de Distrito, Octavio Ojeda, en la que se concedió la protección constitucional a la quejosa.

El juez Ojeda señaló que el fiscal tiene obligación de guardar reserva y discreción sobre los asuntos de su competencia, siendo que esta limitante a su derecho de libertad de expresión no constituye una violación al derecho de información que tiene la sociedad en general, como sostuvo la FGR en el recurso de revisión promovido.

 

 

(Con información de López Dóriga Digital)

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