Hay una clara persecución política contra la UAS: Diputada Alba Virgen

Irene González

Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- La diputada Alba Virgen Montes Álvarez afirmó que hay una clara persecución política emprendida contra la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rector Jesús Madueña Molina, y contra el abogado general, Robespierre Lizárraga Otero, tras filtrarse a los medios de comunicación la denuncia penal que la ASE presentó contras estas autoridades universitarias.

Durante la reunión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización , la coordinadora del grupo parlamentario del PAS acusó que se busca dañar la imagen pública de ambos al hacerlos parecer culpables de un delito que no se ha demostrado ante un juez, lo que constituye actos totalmente ilegales y violatorios de derechos humanos.

La legisladora reprobó el que se haya filtrado esta información, ya que al hacer públicas las acciones legales emprendidas en materia penal, se violó el debido proceso y el principio de presunción de inocencia del que gozan todas las personas.

“Vemos es una clara persecución política emprendida contra la Universidad Autónoma de Sinaloa, contra su rector, el Dr. Jesús Madueña Molina, y el abogado general, Robespierre Lizárraga Otero, ya que se busca dañar su imagen pública al hacerlos parecer culpables de un delito que no se ha demostrado ante un juez, lo que constituye actos totalmente ilegales y violatorios de derechos humanos”.

Afirmó que la Auditoría Superior del Estado está actuando al margen de la ley, tanto al excederse en sus facultades, como en una posible publicación a los medios sobre información reservada de una investigación penal, como lo fue una imagen de la denuncia, con lo cual la ASE se está prestando a formar parte de una persecución política, algo que los universitarios no habían visto desde hace décadas en los viejos gobiernos represores.

La Comisión de Fiscalización sostuvo este lunes una reunión de trabajo para dar lectura al oficio remitido por la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera ante la negativa de las autoridades universitarias de entregar información contable para la práctica de la revisión a los ingresos propios del ejercicio fiscal del 2022, que ascienden a 350 millones de pesos.

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