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El Instituto Nacional Electoral (INE) debe realizar la consulta de revocación de mandato ajustándose al presupuesto que le asignó el Congreso de la Unión para el siguiente año, de lo contrario, caería en responsabilidades penales, así lo determinó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas.
“Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato”, señala la página de notificaciones del Máximo Tribunal.
Además, la Suprema Corte estableció que tampoco es procedente eximir al Instituto y a su personal de sanciones administrativas, penales o de diversa índole en caso de que lleguen a incumplir con su responsabilidad legal, al menos hasta que no resuelva de forma definitiva.
Sin embargo, lo que sí autorizó fue lo referente a cómo se debe calcular las remuneraciones de los funcionarios del INE, por lo que podrán mantener los salarios y prestaciones que perciben tal como lo marca la Ley.
Cabe recordar que la semana pasada, el INE interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, debido a que se le recortaron 4,913 millones de pesos de lo que había solicitado.
Ante esta situación, el Instituto aseguró que su operación está en riesgo, en particular, la realización de la consulta de revocación de mandato toda vez que requiere de 3,830 millones de pesos para llevarla a cabo; por lo que -dijo- se defendería por la vía jurídica..
“Frente al recorte, el Consejo General del INE tomará las decisiones institucionales que considera adecuadas y promoverá las acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes”, aseveró el consejero presidente del INE en un video publicado en su cuenta de Twitter el pasado 14 de noviembre.
Señaló que el recorte significa más de la cuarta parte del presupuesto operativo que el Instituto había planteado para el próximo año, y que es el cuarto año al hilo que la Cámara baja le aplican una disminución de recursos a la institución “sin presentar evidencia técnica o financiera que explique los recortes”, lo que tiene como “lamentable consecuencia”, la imposibilidad de seguir ampliando los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos.
En el clip, Córdova Vianello aseveró que la disminución de 4,913 millones de pesos es reflejo de una total incomprensión de los argumentos que consejeras y consejeros del INE plantearon, así como de la negativa de los partidos que avalaron el recorte a analizar la información que la entidad ha estado dispuesto a entregar y explicar.
“Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el Presupuesto de Egresos para 2022″, apuntó.
El máximo tribunal del país deberá resolver este asunto antes de que se realice la revocación -abril de 2022- debido a que al ser un asunto electoral, no se puede aplazar.
La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la resolución de la Suprema Corte. Aseguró que es buena y que sienta un precedente.
“La resolución de la Corte es buena. Primero resuelve que se tiene que hacer la consulta para el día 10 de abril, es la revocación de mandato, se tienen que instalar casillas y se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe en la Presidencia de la República o que renuncie (…) Eso es lo que se va a decidir, es un precedente histórico, independientemente del resultado, es dejar sentadas las bases para que sea una realidad la democracia participativa, que quede establecido que el pueblo pone y el pueblo quita.. es histórico”, insistió.
Durante su conferencia matutina, el mandatario mexicano señaló que pese a que el INE acudió al máximo tribunal, la Corte determinó que la revocación de mandato se debe realizar.
“El INE acudió a la Corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la Corte resolvió que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta el INE, que no puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces es muy buena noticia, entonces todos a prepararnos. Hasta los de FRENAAA que son los únicos que están impulsando del franco derecho, los demás están callados o inactivos, incluso apostando a que no se lleve a cabo la revocación de mandato. Me refiero al bloque conservador de partidos… esos no quieren ,en una de esas llaman a no votar.. la antidemocracia al descubierto”, aseveró.
Por su parte, senadores de Morena han asegurado que el INE tiene más presupuesto para llevar a cabo la consulta el próximo 10 de abril que lo que ejerció en agosto pasado para la consulta de juicio político en contra de cinco expresidentes.
Este 14 de diciembre, el legislador César Cravioto recordó que en julio de 2021, los consejeros Carla Humphrey y Uuc-kib Espadas afirmaron que el juicio iba a costar 528 millones de pesos, con los cuales se podrían poner 59,000 mesas de votación en los estados.
“Si dividimos 528 millones de pesos entre 59,000 casillas da que cada mesa receptora costó 8,949 pesos. Si le tomamos la palabra a Lorenzo Córdova de que ya tiene hoy 1,503 millones de pesos para la consulta y necesitan poner el mismo número de casillas que había en la elección constitucional, que son 161,000 casillas entre 1,503 millones de pesos, da que cada mesa receptora costaría 9,335 pesos; o sea un poquito más de lo que costaron las mesas receptoras del juicio a expresidentes”, detalló.
“Pero dice (Córdova) que no le alcanza, que necesita 3,800 millones de pesos para hacer la consulta con todas las casillas, que la ley dice que son las mismas de una elección constitucional (…) Entonces, ¿o quieren robarse el dinero o quieren poner más trabas para que no se haga la consulta?”, señaló.
El pasado 10 de diciembre, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó una modificación al presupuesto para la revocación de mandato, por lo que ahora será de 1,275,900 pesos, cuando originalmente se tenía contemplado el doble.
(Con información de Infobae)
